El fiscal Rafael Curruchiche durante la conferencia de prensa. Foto de portada: Carlos Alonzo.
El Ministerio actuó con inusitada rapidez para abrir un expediente contra el presidente Arévalo, a quien se le acusa de emitir órdenes de pagos a contratistas del Estado fuera del marco legal. Durante la conferencia de este 21 de agosto revelaron que el caso se originó a partir de una denuncia presentada el 16 de julio de 2024 por Méndez Ruiz.
Las autoridades del MP, encabezadas por el secretario general Ángel Arnoldo Pineda y el jefe de FECI, Rafael Curruchiche, presentaron dos pruebas base: un listado firmado por el presidente Arévalo y un audio filtrado en las redes sociales, que supuestamente confirman su implicación en actos ilegales.
El ente investigador ha solicitado el retiro del antejuicio del presidente Arévalo para proceder con las investigaciones bajo cargos de abuso de autoridad, usurpación de funciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
Este nuevo caso contra el mandatario, parece formar parte de una estrategia más amplia para debilitar su administración. En eP Investiga analizamos las declaraciones y la presentación del MP.
- 1. Los dos elementos para pedir antejuicio y la comparación con La Línea
Durante la conferencia de prensa el fiscal de la FECI indicó que los indicios para solicitar el retiro de antejuicio del presidente fueron un audio publicado en “canales de información abierta” en el que se escucha la llamada realizada para destituir a la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín De la Vega.
Otro elemento fueron unos listados proporcionados por una “testigo”, que confirmaron que era la exministra, donde se encuentra la firma del presidente para autorizar pagos a constructoras.
El fiscal Curruchiche, en su presentación, comparó con el caso de defraudación aduanera La Línea, por el que fueron enjuiciados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxanna Baldetti. Reprodujo un audio del exmandatario, la cual fue utilizada en el proceso penal.
Pero, el proceso actual contra Arévalo solo cuenta con dos elementos claves, mientras que La Línea tenía miles. Algunos de ellos, según información de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fueron:
- 150 mil llamadas telefónicas
- 1 mil 500 declaraciones de mercancía
- Fotografías de reuniones
- Extracciones forenses a 400 dispositivos
- Registro de visitas a Casa Presidencial
- 2 Informes de análisis financiero
- 6 Informes de análisis criminal
“Es ridículo que quieran comparar un caso con el otro. Este audio del presidente Arévalo salió de la nada y su origen es oscuro como todo lo que hace el Ministerio Público. El audio del (ex) presidente Otto Pérez Molina fue un hallazgo inevitable de una investigación que se estaba haciendo con autorización judicial. No contra el (ex) presidente Pérez Molina, sino contra la estructura tan grande y externa que tenía ese caso de defraudación aduanera (la Línea)”, explicó para eP Investiga la exfiscal general, Thelma Aldana.
- 2. Sin explicación del origen de la grabación de la llamada entre Arévalo y De la Vega
Curruchiche mencionó que la llamada entre el presidente y la exministra De la Vega se convirtió en una pieza clave del caso debido a su contenido y al contexto en el que fue obtenida. Según la FECI, esta fue filtrada en redes sociales y medios de comunicación antes de que el MP la adquiriera. El fiscal explicó que se obtuvo de una «fuente abierta de información». Esto significa que ya estaba disponible públicamente cuando la descargaron para su “análisis e investigación”.
En la conferencia de prensa, el fiscal Curruchiche señaló que el MP utilizó un técnico informático para asegurar que la llamada fuese descargada correctamente y convertida en un indicio legítimo dentro de la investigación. La autenticidad de la llamada fue confirmada el pasado 5 de agosto por el propio presidente Arévalo, pero la FECI no da razón del origen ni de qué forma fue grabada.
Abogados consultados señalan que podría tratarse de la obtención ilegal de una comunicación del presidente, quien goza de antejuicio, y aunque el MP la haya descargado y diga que es él quien habla, se debe comprobar por medio de un peritaje que es su voz, y no tratarse de una interceptación legal.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, declaró a eP Investiga que es falso que su administración utilizó el audio para presentar el caso La Línea, y que este solo fue empleado para imputar a Pérez Molina cuando ya había perdido su derecho de antejuicio.
“En el caso La Línea había interceptación autorizada por juez y nunca fue la línea del presidente, sino que eran terceros porque la investigación estaba dirigida a una estructura de defraudación aduanera. Nunca fue presentado ese audio en conferencia de prensa, sino que fue ante los tribunales y utilizado en contra de Pérez Molina hasta que ya había sido despojado de su inmunidad”, agregó Sandoval.
En cuanto a la legalidad de la grabación, el abogado constitucionalista, Edgar Ortiz comentó que las llamadas pueden servir como indicio cuando se deduce un delito flagrante, pero este no es el caso.
“Quedan muchas dudas de que esa llamada sea una prueba manifiesta de un delito y menos para hacerlo público (…) En el pasado se hacía de forma discrecional a quien se le pagaba y a quien no (en Comunicaciones). Lo único que se propuso aquí fue un mecanismo diferente para pagar. No veo que eso sea una instrucción ilegal o una resolución violatoria a la Constitución o una usurpación de funciones”, declaró.
- 3. Sin respuesta de investigación a exfuncionarios
Al final de la conferencia de prensa, este medio cuestionó si la FECI en este caso alcanza a otros funcionarios, dado que los contratos en cuestión fueron autorizados durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei.
En su respuesta, Curruchiche reconoció que «otras fiscalías podrían estar investigando» estos asuntos, sugiriendo que la FECI se está enfocando exclusivamente en el caso contra el presidente Arévalo.
“Nosotros únicamente nos centramos en los hechos que fueron puestos en la denuncia… Estimo yo que hay otra fiscalía que posiblemente podría estar conociendo de esto”, dijo.
- 4. La acusación contra la OEA
Según la FECI, la empresa vinculada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), es Overseas Engineering & Construction Guatemala, cuyo representante legal es Gabriel Orellana Rojas, miembro del comité jurídico de la OEA . Se alega que el presidente ordenó un pago por la cantidad de Q67 mil 956 millones 574.
Curruchiche hizo una acusación de que el presidente tiene una vinculación “irregular” con la OEA y sugirió que el presidente habría utilizado su influencia para facilitar el nombramiento de Orellana Rojas.
Insinuaron que las visitas frecuentes a Guatemala del secretario general, Luis Almagro, podrían estar relacionadas con un interés político y personal en favorecer a Arévalo y sus asociados.
Estos señalamientos omiten que el expresidente Giammattei fue el que solicitó a la OEA la presencia de una misión de observación electoral a los comicios de 2023 y a la transición de mando.
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- 5. La alusión a medios de comunicación que han sido criminalizados
La FECI hizo constantes atribuciones a notas periodísticas de medios de comunicación como elPeriódico, dirigido por Jose Rubén Zamora, detenido por casos que el MP presentó y lo mantienen en prisión después de más de 700 días.
Estas menciones tuvieron como propósito respaldar las afirmaciones que hacía Curruchiche sobre la existencia de irregularidades en los pagos autorizados por el presidente.
La FECI citó específicamente artículos y reportajes publicados por este y otros medios de comunicación para mostrar que algunas de las empresas involucradas en los pagos ya habían sido señaladas públicamente por posibles actos de corrupción o vínculos con estructuras ilegales.
Por ejemplo, mencionó un artículo de Prensa Comunitaria que revelaba conexiones entre empresas contratistas y casos de fraude fiscal, como el caso B410, y otro de elPeriódico que discutía contratos millonarios otorgados a empresas con antecedentes problemáticos.
- 6. Los señalamientos contra el presidente pese a su derecho de antejuicio
Curruchiche utilizó la conferencia de prensa como una plataforma para señalar públicamente al presidente Arévalo como el “principal responsable de la corrupción en el país”, a pesar de destacar que aún goza del derecho de antejuicio.
“El señor Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala”, dijo el fiscal. Después él y el secretario Pineda indicaron que respetaban la presunción de inocencia.
Los señalamientos de Curruchiche no se respaldan en una resolución judicial firme, sino en los dos indicios preliminares.
Según el MP, han presentado cuatro solicitudes de retiro de antejuicio contra el presidente Arévalo, pero tiene 11 denuncias solo en el primer semestre de su administración, en comparación con ocho de Giammattei, de quien hasta ahora no hay casos presentados por el ente investigador.
