Foto: Carlos Alonzo
Las autoridades ancestrales consideran que esta medida representa una carga económica excesiva para los propietarios de vehículos, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas.
En su pronunciamiento, los 48 Cantones exigen al Gobierno la derogación de los acuerdos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025, en un plazo de cinco días. De no obtener una respuesta favorable, han anunciado la posibilidad de intensificar las medidas de protesta, incluyendo movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país.
Acerca de la medida
El 17 de marzo, el Ministerio de Gobernación publicó cuatro reglamentos que establecen la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para todos los vehículos.
La medida, que entrará en vigor el 1 de mayo de 2025, busca garantizar indemnizaciones por daños personales en accidentes de tránsito. Las multas por no contar con este seguro oscilarán entre Q500 y Q4 mil dependiendo del tipo de vehículo, y se cuadruplicarán en caso de involucrarse en un accidente sin la póliza correspondiente.
Diversos sectores de la sociedad civil han expresado su descontento ante la implementación de estos reglamentos.
La Gremial de Transporte de Carga ha manifestado su rechazo a la medida, calificándola como un beneficio exclusivo para las aseguradoras y un perjuicio directo para la economía de los guatemaltecos. Según sus declaraciones, este seguro incrementará los costos operativos y afectará aún más a un sector que ya enfrenta dificultades económicas.
Desde tempranas horas del 18 de marzo, se han registrado bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad de Guatemala, afectando la movilidad en zonas como la 6, 7, 17, 18 y 25.
Uno de los bloqueos se encuentra en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico, en el sector de la colonia Bethania, donde pobladores y transportistas han cerrado parcialmente las vías, exigiendo al Gobierno reconsiderar la implementación de la medida.
El Gobierno de Guatemala publicó un comunicado donde defendió la implementación del seguro obligatorio, argumentando que busca proteger a las víctimas de accidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial.
Además, justificó la medida como una obligación legal postergada por administraciones anteriores y aseguró que fue resultado de más de un año de diálogo con distintos sectores. También advirtió que la Policía Nacional Civil atenderá los bloqueos de carreteras promovidos en rechazo a la normativa, garantizando tanto la libertad de locomoción como el derecho a la manifestación.
