Bernardo Arévalo visitó Nueva York la semana pasada para asistir al 79 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Estuvo allí casi toda la semana y cumplió con una agenda bastante exigente. Arévalo fue orador en varios foros, hizo gala de su trilingüismo (que se sepa, además de español, habla inglés y hebreo) y sostuvo reuniones con representantes de organismos internacionales, inversionistas privados y con instituciones financieras.

Básicamente habló de todo y con todo el mundo. Pero fue sólo en una conversación pública en el Council of Foreign Relations, uno de los centros de pensamiento más influyentes en materia de política exterior y relaciones internacionales, en donde habló sobre lo que había predicado, sería el legado de su mandato La lucha contra la corrupción y el restablecimiento de la institucionalidad. Y lo hizo, no por decisión personal, sino porque al abrir la conversación al público, los asistentes pusieron el tema sobre la mesa. De lo contrario, pareciera como si Arévalo hubiera tenido la intención de dejar al mundo entero esperando escuchar sobre sus avances en el rescate de las instituciones y el restablecimiento del orden jurídico; en otras palabras, sobre los ideales por los que el pueblo guatemalteco lo votó y se volcó valientemente a las calles a defender su elección y garantizar su llegada al poder.

Y aunque habló, lo que dijo fue tremendamente decepcionante. Sobre el combate a la corrupción, dijo que el gobierno sólo puede responder por lo que pase en el ejecutivo y que estaban haciendo la tarea. Como si no fuera el mismo ejecutivo el que diseña las políticas públicas del estado guatemalteco.

Le preguntaron por la fiscal general, Consuelo Porras, y dijo que, aunque era el mayor obstáculo para recuperar la justicia y la democracia en el país, no podía hacer mucho. Pero que el gobierno ya había presentado un proyecto de ley para reestablecer la posibilidad de destituirla desde el ejecutivo. Como si la Constitución Política permitiera la retroactividad en casos como estos, y aún si ello fuera posible, como si tuviera cuentas amplias en el Congreso o la posibilidad de un estudio de constitucionalidad imparcial.

Hubo después una interpelación sobre José Rubén Zamora, y dijo que le habían ofrecido mejorar sus condiciones de detención, pero que éste había rechazado la oferta y que el gobierno no podía modificar decisiones judiciales. Como si esa hubiera sido la intención de la pregunta.

También fue consultado sobre los operadores de justicia y excolaboradores de la CICIG obligados a exiliarse por su labor en contra de la corrupción, y se eximió, otra vez, de toda responsabilidad – dijo que era un problema de las cortes y que era poco lo que el gobierno podía hacer. Como si no estuviera ya claro que los procesos con los que buscan vengarse de estas personas son completamente espurios.

Finalmente, ya haciendo evidente la angustia del público ante tan decepcionante panorama, le preguntaron si Estados Unidos o la Unión Europea podían apoyar al gobierno de alguna manera, y respondió que no, que estaba satisfecho con el papel que éstos habían jugado hasta ahora.

Eso sí, dijo que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones iba de maravilla, pero ese tema merece toda una columna aparte.

Por lo visto, si uno se atiene a lo expuesto por el presidente, pareciera que la construcción de su legado no va en mucho.

Por eso, desde este modesto atril de opinión, quisiera compartir con el señor presidente (y con su equipo de comunicaciones) algunas sugerencias que creo pueden contribuir a rescatar, en algo, su lugar en la historia. Lo primero es volver a poner su legado en el centro de su discurso público, y volver a hablar con determinación. Contrasta la fortaleza de sus pronunciamientos durante la campaña a la presidencia, con el silencio que prácticamente existe hoy desde el gobierno en relación con la recuperación del sistema judicial. También, parece haberse olvidado de las personas exiliadas y aquellas encarceladas ilegalmente, a quienes dejó de referirse en público.

Sobre el Ministerio Público, sólo habría que reiterar la sugerencia que ya hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de su visita in loco de julio pasado – realizar un “estudio independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos, que tome en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas.” Esto con miras a los procesos que necesariamente se surtirán en el Sistema Interamericano y que deberán sumarse a la apertura de procesos internos contra los responsables, además de la justa reparación a las víctimas forzadas al exilio y/o al encarcelamiento arbitrario.

Sobre los procesos ilegítimos que hoy tienen a más de 50 operadores de justicia y periodistas en el exilio y a otros tantos inocentes en prisión, contrario a lo que piensa el presidente, hay varias cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, podría intervenir en estos procesos a través de la Procuraduría General de la Nación como representante del estado guatemalteco, y entre otras cosas, pedir un control de convencionalidad en procura del restablecimiento de la legalidad y la protección de los derechos de los afectados.

En el mismo sentido, a través de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, el ejecutivo podría asumir una actitud más proactiva en procura de la defensa legal de estas personas. No son extraños alrededor del mundo los programas de defensa judicial para funcionarios públicos que, por la naturaleza de su trabajo, están expuestos a retaliaciones de quienes ven afectados sus intereses. En la misma línea, el COPADEH debería coordinar y apoyar las solicitudes que hagan los afectados en el marco de sus procesos internacionales.

También hay cosas tan sencillas como que hay personas en el exilio que no tienen un pasaporte vigente. Esto, además de afectar su derecho a la identidad, les impide realizar trámites en el extranjero y acceder a cualquier iniciativa que se ejecute en su beneficio. Emitir un pasaporte es un trámite administrativo que depende exclusivamente del ejecutivo.

En últimas, lo que no se ve, y pareciera no haber, es un gobierno que esté jugado por los ideales por los que fue elegido y por quienes desde su función judicial y mediática sacrificaron su vida y la de sus familias por una Guatemala libre de corrupción, pero hoy languidecen en el exilio o en prisión. Su legado tambalea. Ojalá corrija el rumbo.

• Camilo Pardo-Herrera es Doctor en Políticas Públicas. Analista Senior para Latinoamérica en el Centro de Estudios sobre Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason