Cada año, la aprobación del presupuesto público en Guatemala representa una oportunidad invaluable para hacer las cosas de manera distinta. Sin embargo, es preocupante observar cómo se repiten patrones y prácticas que limitan el potencial impacto positivo de estos recursos en la vida de los guatemaltecos. Un principio fundamental en la gestión de las organizaciones es que «lo que se mide, se mejora», como dijo Peter Drucker. A pesar de haber adoptado hace más de una década la planificación y presupuestación por resultados, el enfoque más utilizado en Guatemala para evaluar el gasto público sigue estando centrado en el análisis de los montos asignados a las dependencias de gobierno y sus programas, más que en los resultados concretos que se logran con dichos recursos. Los debates suelen centrarse en cifras y partidas presupuestarias, sin profundizar en cómo estos gastos transformarán las condiciones de vida de la población. Si no se miden los resultados, nunca se mejorará el uso del gasto; no medir resultados es garantizar el desperdicio.

Es esencial que el presupuesto no sea visto simplemente como un juego de sumas y restas, sino como un medio para generar cambios tangibles en educación, salud, infraestructura y otros ámbitos cruciales. Por ejemplo, más allá de hablar sobre la cantidad de escuelas construidas o maestros contratados, hay que enfocarse en cómo estas acciones mejorarán la calidad educativa y las oportunidades futuras de los jóvenes. Sin embargo, sigue prevaleciendo la práctica de reducir la evaluación pertinente del gasto público a la fiscalización de la ejecución presupuestaria mensual. Se espera que cada mes se gaste la doceava parte del presupuesto anual, y si esto no ocurre, se critica al gobierno por no «ejecutar», como si el ritmo del gasto fuera el objetivo en sí mismo. Esta visión limitada ignora que lo verdaderamente importante no es cuánto ni qué tan rápido se gasta, sino los resultados y beneficios concretos que ese gasto genera para la sociedad.

Por otro lado, es común que los programas y proyectos gubernamentales se justifiquen apelando a nobles intenciones o a necesidades sentidas por la población. Los políticos promueven iniciativas con discursos llenos de buenas intenciones, pero sin proporcionar modelos lógicos de intervención que aborden las causas raíz de los problemas. Como dijo Martin Luther King Jr.: «Debemos combinar la dureza de la mente y la ternura del corazón». Se necesitan corazones compasivos que se preocupen por las necesidades de las personas, pero también mentes críticas y analíticas que diseñen soluciones efectivas y sostenibles. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) aporta criterios para asegurar que los recursos se asignen a proyectos con alta rentabilidad social y alineados con los planes estratégicos nacionales. Es vital que estos criterios se cumplan a cabalidad para garantizar que cada quetzal invertido contribuya al bienestar de la sociedad. Aunque algunos consideren molesto y engorroso cumplir con esta normativa, es una de las pocas garantías que tiene la población de que el dinero producto de sus impuestos no termine siendo malgastado. Además, fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación del gasto es esencial para medir el impacto en las condiciones de vida de los beneficiarios de las políticas y programas implementados. Esto no solo facilitará la rendición de cuentas, sino que también proporcionará información valiosa para ajustar y mejorar las estrategias en función de los resultados obtenidos. El presupuesto público es más que un ejercicio financiero y una intrincada negociación de lealtades políticas; es una herramienta estratégica para impulsar cambios significativos que promuevan el desarrollo y el bienestar de todos los guatemaltecos.