El ex jefe del centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez Morales, demandó el pasado 3 de septiembre a Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, así como a la secretaria del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen a quienes les atribuye su inclusión en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y de haberlo sancionado bajo la Ley Global Magnitsky.
Martínez, quien contrató los servicios de Alexei Schacht, un abogado especializado en casos de extraditables y con un amplio currículum defendiendo narcotraficantes de alto perfil, señaló en su demanda que el haber sido designado bajo la Ley Magnitsky, le ha causado y continúa causándole “graves daños” irreparables tanto financieros como a su reputación, como a su entorno familiar.
El ex jefe del Centro de Gobierno y pareja sentimental del ex presidente Alejandro Giammattei, inició el 4 de diciembre del año pasado, las acciones para intentar que se revierta su inclusión en la lista OFAC, según lo que narró su abogado en la demanda en contra del Departamento del Tesoro y los funcionarios señalados.
El exfuncionario del gobierno de Alejandro Giammattei, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, influyó “en el proceso de contrataciones gubernamentales en beneficio propio y de allegados. Martínez actuó en confabulación con otros funcionarios del Gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a oferentes favorecidos fuera de Guatecompras, el sistema formal de adquisiciones del Gobierno de Guatemala. Martínez y sus conspiradores utilizaron anticuadas disposiciones de leyes de adquisiciones para dispensar el proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales a empresas en las cuales tiene un interés económico”.
Además, el Departamento del Tesoro señaló el 4 de diciembre de 2023 que “En 2021, Martínez exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia especial de Guatemala contra la corrupción investigó a Martínez por su papel en un pago controvertido vinculado con la compra de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V rusas contra COVID-19 por parte del Gobierno guatemalteco”.
Según narró Martínez en su demanda, luego de que se hiciera pública su sanción por parte del Departamento del Tesoro, en donde se le señala “por su papel en actos de corrupción en Guatemala, donde participó en maniobras de soborno generalizadas, incluidas algunas relacionadas con contratos gubernamentales”, este realizó una solicitud por escrito a Brian E. Nelson, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de la OFAC, pidiendo que fuera eliminado de la Ley Global Magnitsky.
En el documento, según la demanda, le solicita a Nelson que se instruyera a su abogado sobre qué información, si la hubiera, requeriría la OFAC.
Martínez, quien tenía los días contados bajo el amparo del Gobierno de Giammattei, estaba desesperado por haber sido incluido en la lista, y el 28 de diciembre según señala la denuncia planteada, insistió con otra carta en donde pedía de nuevo ser excluido de la lista, sin embargo, tampoco hubo respuesta por parte del Departamento del Tesoro.
Luego de tres meses, el 25 de marzo de 2024, el abogado de Martínez recibió una solicitud de información de la OFAC, la cual según dijo, fue respondida de inmediato, aproximadamente el 28 de marzo incluyendo supuestos documentos de respaldo.
Tras la presentación de los documentos, el abogado señaló que escribió de nuevo el 13 de junio de este año para pedir que fuera retirado de la lista OFAC, y para preguntar cuál era el estado del caso desde que presentaron la respuesta a la solicitud de información.
Un día después, la OFAC volvió a enviar preguntas sobre Martinez a su abogado, las cuales, esta vez, demoraron 24 días en responderlas.
Usaron declaraciones de funcionarios de Arévalo
El abogado señaló en su demanda que proporcionaron “abundantes pruebas”, que mostraban que el ex jefe del Centro de Gobierno debía ser excluido de la lista OFAC, y reclamó que, a pesar de eso, seguía incluido en dicha lista.
Entre las pruebas que enlistó el abogado, aparecen las declaraciones del 4 de abril, del Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, cuyas funciones compara erróneamente con las del Fiscal General de Estados Unidos, para quizás con esto, hacer creer al juez estadounidense que en Guatemala se investigó a Martínez. Lo anterior es falso, ya que en el país, el único ente encargado de la persecución penal es el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público quien a la fecha no ha investigado los casos de corrupción relacionados a Giammattei y a Martínez, según se ha denunciado.
Sin embargo, estos detalles fueron obviados por Schacht en su escrito a la jueza Beryl A. Howell que conoce el caso de Martínez en contra del Departamento del Tesoro y sus funcionarios.
“El actual Procurador General de Guatemala, Julio Saavedra, quien es un opositor político del ex presidente Giamattei y del Sr. Martínez, dijo el 4 de abril de 2024 que no hay fundamento para acusar al Sr. Martínez de ningún delito en relación con la aprobación de vacunas. El Procurador General es el equivalente del Fiscal General estadounidense. Que el actual gobierno guatemalteco absuelva a mi cliente mientras Estados Unidos lo mantiene erróneamente en la lista es una terrible injusticia.”, señala la demanda presentada ante el tribunal del Distrito de Columbia.
En el escrito se obvia señalar que Saavedra dijo que no hay pruebas en contra de Martínez, porque no aparece su firma en los documentos, pero que debería de ser el Ministerio Público el que investigue si existen más personas involucradas en la participación para negociar el contrato de las vacunas.
Las declaraciones del Secretario General de la Presidencia Juan Guerrero Garnica, también fueron utilizadas por el abogado del exjefe del Centro de Gobierno para asegurar su presunta inocencia.
En la entrevista que apunta el abogado Schacht, Guerrero señala que no han denunciado a Martínez por que no han encontrado “anomalías” en la Secretaría General de la Presidencia, sin embargo, de nuevo el abogado intenta tergiversar y señala: “es decir, no hay evidencia de que Luis Miguel Martínez haya hecho algo indebido o ilegal mientras trabajaba para el gobierno”.
Sin embargo, las funciones de la Secretaría General no son las de investigar, cómo intenta sorprender el abogado de Martínez, como sí lo es la función del Ministerio Público, que a lo largo de la administración de Giammattei se mostró complaciente con los funcionarios del Gobierno a quienes Porras ha evitado investigar desde que ocupa el cargo.
Se escuda en exministra de Salud
El abogado de Martínez también utilizó las declaraciones de la exministra Amelia Flores, quien firmó el contrato de las vacunas rusas, para tratar de exculpar a su cliente, a pesar de que en el país no ha habido una investigación seria que ahonde en la posibilidad de que la pareja de Giammattei haya recibido sobornos por la compra de las vacunas rusas.
“En una entrevista, la señora Flores afirmó que el señor Martínez nunca la presionó ni le pidió que aprobara las vacunas. Afirma además que lo único que el señor Martínez le pidió fue que le ofreciera un trabajo a alguien y que ella se negó a hacerlo. Por lo tanto, el máximo responsable de aprobar las vacunas exonera totalmente a mi cliente”, señala el abogado sobre una entrevista concedida por Flores al diario La Hora.
De nuevo el abogado obvia incluir información que podía poner en entredicho la inocencia de su cliente. Flores señaló en la misma entrevista que no podía asegurar que otros actores de la administración pasada hayan negociado otros aspectos por aparte, fuera de los temas técnicos que ella y su equipo abordaron.
“Nosotros trabajamos en el despacho con un equipo técnico que se dirigía al fondo ruso semanalmente a hacer una negociación, qué pasó alrededor, no lo sé. No lo sé, porque no era del partido de gobierno. No era cercana, mi rol era en el Ministerio, con una pandemia difícil de abordar”, indicó en la entrevista Flores.
“Persecución política”
A lo largo de su exposición, el abogado intenta señalar que la inclusión de Martínez en la lista OFAC es una persecución política y señala que Estados Unidos no cuenta con pruebas que respalden la sanción a Martínez.
“Le pedí a la OFAC evidencias para incluir al Sr. Martínez en su lista y solo me enviaron archivos muy redactados sin nada sustancial. Entonces, parece que Estados Unidos no tiene pruebas reales y creíbles de que el Sr. Martínez haya violado la ley, sino que simplemente está involucrado en una persecución política en su contra. Martínez ha sufrido, y continúa experimentando, un enorme daño económico al no poder acceder al sistema financiero global porque ha seguido figurando erróneamente en la Ley Global Magnitsky y la Lista SDN y está sujeto a las consiguientes sanciones económicas”, señaló el abogado.
Sin embargo, el mismo abogado se contradice en su escrito al señalar en otra parte del documento que: “El único gobierno con conocimiento de los hechos del asunto (Guatemala) lo ha absuelto de cualquier delito a pesar de que ese gobierno se opone políticamente a él”.
Con la demanda, Martínez busca que el tribunal ordene a la OFAC y sus funcionarios que lo retiren de la lista, además de que paguen su abogado y las costas en las que pudo incurrir.
“…Luis Miguel Martínez Morales solicita respetuosamente a. Declarar… que la inclusión continua de Martínez en la Ley Global Magnitsky y la Lista SDN es ilegal; b. Emitir una orden judicial, ordenando a la OFAC eliminar a Martínez de la Ley Global Magnitsky y la Lista SDN; c. Otorgar a Martínez los honorarios de abogados y costos incurridos en esta acción; y d. Otorgue a Martínez otras reparaciones adicionales que este Tribunal considere justas y apropiadas”.
Las partes fueron notificadas de la demanda en su contra y tendrán hasta antes del 9 de noviembre para responder.
Un caso por lavado de dinero
Varias fuentes con conocimiento sobre otro proceso que se lleva en contra de Martínez en Estados Unidos señalaron que la fiscal Andrea Goldbarg, la misma que estuvo a cargo del proceso en contra del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, tiene a su cargo una investigación en contra de Martínez por supuesto lavado de dinero de fondos provenientes del narcotráfico.
Las fuentes aseguran que Martínez ya sostuvo reuniones tanto con Goldbarg, como con otras agencias gubernamentales de Estados Unidos quienes indagan sobre el caso en el cual tres conspiradores habrían declarado en contra del ex jefe del Centro de Gobierno.
Hasta la fecha, en los documentos públicos de la justicia estadounidense no aparecen procesos abiertos en contra de Martínez, aunque es normal que los casos no se hagan públicos hasta que se ordena una captura o el proceso ha avanzado más en las cortes.
El abogado de uno de los capos más buscados y peligrosos
En la pantalla de inicio de su página Web se lee al estilo del abogado Saúl Goodman de la serie Breaking Bad: “¿Tiene problemas de extradición? ¡Podemos ayudar! Póngase en contacto con el señor Schacht para una consulta gratuita.”
Schacht ha sido abogado de varios de los capos de las drogas más importantes de Latinoamérica y lo presume en su propia página web en donde señala a clientes como Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel líder del “Clan del Golfo”, un sanguinario cartel colombiano vinculado a los paramilitares. Otoniel fue condenado a 45 años de prisión y se le acusó además de trasegar droga, de ordenar la ejecución de agentes del orden, militares y civiles colombianos
También fue abogado de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, otro narcotraficante colombiano integrante del Cartel del Norte del Valle de Colombia, condenado a 20 años de prisión a pesar de haber reconocido el asesinado de 150 personas. La reducción de su condena se debió a que fue uno de los testigos clave en el juicio en contra del Chapo Guzmán.
Otro caso que anuncia con orgullo es el de la organización criminal “Los Comba”. “Mr. Schacht logró una sentencia de 77 meses para este miembro de alto perfil de la organización de “Los Comba”, a pesar del hecho de que su defendido estaba acusado de múltiples homicidios y de que era miembro de una organización que traficaba cantidades masivas de cocaína. Estados Unidos v. Feithert Aponte a/k/a “Tomas” (Distrito Este de Nueva York)”, se lee en su página web.
