La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fue oficialmente instalada con una ceremonia solemne en el Teatro Nacional de Costa Rica el 3 de septiembre de 1979. En paralelo, Guatemala se adentraba a lo que sería una de las épocas más oscuras de su historia; apenas seis meses antes había sido asesinado Manuel Colom Argueta, el terrorismo de Estado era una herramienta cotidiana de “hacer política”, y en las áreas rurales del país, se desataban crímenes de lesa humanidad cuya intensidad solo incrementó con los años. 

Poco antes del décimo aniversario de la Corte IDH, poco había cambiado en Guatemala. El país atravesaba por lo que ahora se conoce como el “agosto negro del 89”, en el que numerosos estudiantes de la Universidad de San Carlos fueron asesinados y/o desaparecidos. Aunque la transición a la democracia había dado inicio, esa palabra seguía sin tener significado en el país. 

A los casi veinte años de la creación del Tribunal Interamericano, Guatemala daba tímidos pasos hacia adelante. En febrero de 1999, en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas presentaba su informe Guatemala Memoria del Silencio en la que se identificaron actos de genocidio ocurridos en el país. No había transcurrido ni un año desde el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, quien fue asesinado dos días después de que la Oficina del Arzobispado presentara su propio informe Guatemala Nunca Más detallando las horribles atrocidades cometidas contra la población civil durante el conflicto armado interno. 

En paralelo, en San José, la Corte IDH emitió las primeras sentencias de casos sobre Guatemala: el caso de la “Panel Blanca”, que versa sobre desapariciones forzadas de personas percibidas como opositoras políticas y Villagrán Morales y otros, sobre ejecuciones extrajudiciales de niños de la calle como mecanismo de limpieza social. 

Diez años después, en noviembre de 2009, en el caso de La Masacre de las Dos Erres, el Tribunal Interamericano encontró que la acción de amparo había sido utilizada como una herramienta de impunidad debido a la forma en que está diseñada, aunado a su uso indebido por abogados y la tolerancia de jueces cómplices. Ese mismo mes, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala publicó su primer informe sobre elección de Cortes, señalado que el proceso se había “orientado al cumplimiento formal de requisitos antes que a la búsqueda del candidato idóneo.”

Para los 40 años del tribunal más importante de las Américas, en 2019, Alejandro Giammattei fue electo como presidente de la república. Ese mismo año, la Corte Interamericana emitió dos fallos relacionados a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el “Plan Gavilán”, en la época que el señor Giammattei fungía como director del sistema penitenciario. 

Este año se cumplen 45 años del establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En conmemoración, hace unos días, el presidente Bernardo Arévalo recibió a una delegación del tribunal y se celebraron diversas audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias en el Palacio Nacional de la Cultura. Como sociedad, no debe escaparnos lo simbólico de este momento. El tribunal interamericano ha tejido su historia entrelazándose con el desarrollo (y retrocesos) de las democracias de la región y nuestro país. 

El Estado de Guatemala ha sido declarado responsable internacionalmente por el Tribunal Interamericano en 56 ocasiones y en tal virtud, ha ordenado un total de 295 medidas de reparación. Según la base de datos del Laboratorio de Reparaciones de la Universidad de Notre Dame, 77% de estas órdenes se refieren a medidas que garanticen que los hechos juzgados no se repitan, que se dignifique la memoria de las víctimas, o que se investiguen las violaciones de derechos humanos identificadas. 

Esta administración ha tenido gestos importantes para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte IDH. El Estado de Guatemala tenía más de diez años de no realizar actos de reconocimiento de responsabilidad internacional en cumplimiento de lo dispuesto por el tribunal interamericano. El gobierno actual ha realizado tres en menos de un año. 

Obviamente, aún existen retos importantes. Más allá de los gestos simbólicos, el cumplimiento de las ordenes de la Corte IDH requieren de voluntad política. De las 37 órdenes relativas a la investigación y juzgamiento a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tan solo cinco tienen algún grado de cumplimiento. Es claro que con el sistema de justicia que tenemos, esto no cambiará pronto. Durante su último discurso antes de su asesinato por fuerzas del Estado, Monseñor Gerardi señaló que “la misión de Jesús es reconciliadora. Su presencia nos llama a ser reconciliadores en esta sociedad quebrada, tratando de ubicar víctimas y victimarios dentro de la justicia.” Esta es una tarea pendiente que no podrá suceder sin cambios profundos al Estado; de lo contrario, estaremos condenados a seguir hablando de víctimas y victimarios en un bucle perverso.