A lo largo de la historia política de este país se han creado “islas de privilegios”, para garantizar y perpetuar el dominio de unos pocos sobre la mayoría en los ámbitos económico, político, pero también en el jurídico. Que no tengan acceso a la justicia y extensas mayorías no, al menos en las mismas circunstancias, representan factores de viejo cuño. Ahora bien, sería consuelo de tontos pensar que esas condiciones, como han sido así, deben mantenerse para siempre. Las sociedades han evolucionado, y por mucho que la idea de la continuidad apunta a consolidarse, también hay espacio para los procesos de cambio o transformaciones, aunque en ese caso sean difíciles y cuesta arriba.

En un paper que leí tiempo atrás Raúl Alconada destaca lo siguiente “En un estado democrático de derecho se extienden las garantías jurídicas y la previsibilidad a todos los ciudadanos. Reconocer éstos solo a algunos, mientras les son desconocidos los mismos derechos universales a los demás, sería crear privilegios irritantes que contrarían la concepción republicana de la igualdad ante la ley”. El mismo autor agrega “Pretender que se brinde seguridad jurídica sólo a algunos actores mientras se propicia o se tolera que se les niegue a los demás es insostenible en el tiempo, y mucho más en democracia”.

Merece destacar estas citas en el marco de la elección de las cortes, proceso que desde un primer momento ha presentado obstáculos, diseñados a propósito, con el objetivo, en primera instancia, de darles largas al proceso, pero, en definitiva, para lograr la continuidad de quienes fueron electos en noviembre de 2023 para ocupar las cortes. Al final de cuentas, el objetivo político evidente implica mantener subordinada a la justicia y su aplicación, para que la lanza de los privilegios siga siendo una constante.

Pero ojo, los actores beneficiados ahora son otros. Antes eran los sectores tradicionalmente, especialmente los económicos, que buscaban tener derecho de picaporte, que les permitiera orientar la aplicación de la justicia en conjunción con los propósitos de negocio. En esta ocasión las pretensiones son más profundas: los sectores emergentes, que amalgaman una diversidad de actores e intereses donde se entremezcla la corrupción y el crimen organizado, persiguen ampliar el control de la justicia como el espacio de poder dominante.

Incluso, quienes antes eran los jugadores de primera línea hora están a expensas de los intereses de los otros, los que antes no estaban o eran poco visibles, pero ahora pretenden dominar, desde el ritmo y contenido de las postuladoras, pasando por los listados de los operadores de “justicia”, hasta el factor vital: las decisiones.

Lo que está en juego no solamente es si hay o no elección de cortes. Los retrasos son preocupantes, pero la esencia radica en la pérdida total de la seguridad jurídica. Sólo se podrá preservar esta “en la medida en que exista vigencia plena del Estado democrático de derecho, pues sólo este es capaz de otorgar certeza de que los derechos y garantías de todos los habitantes, personas físicas o jurídicas, no serán afectados ni alterados de modo alguno”.

La elección de las cortes no es un asunto privativo donde unos cuantos deciden si seguir demorando el proceso a conveniencia de quienes controlan los hilos. Ese proceso debería ser la primera etapa para iniciar la limpieza profunda que se requiere con urgencia.