La opinión consultiva fue presentada en mayo de este año debido a la polémica surgida por la secretividad del pacto colectivo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo.
La CC argumentó que de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política de la República, solo pueden ejercer control sobre temas de constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales y los proyectos de ley, a solicitud de cualquiera de los organismos de Estado.
“La formulación realizada por el consultante en los términos plasmados con antelación impide a esta Corte realizar un pronunciamiento al respecto, puesto que el cuestionamiento no es estrictamente constitucional”, argumentó la CC.
Además, afirmaron que “no corresponde por medio de un proceso interpretativo determinar la naturaleza propia de los sindicatos o comités ad hoc, lo que tampoco es dable colegir con sustento en el precepto constitucional aludido”.
Según la CC, las interrogantes planteadas por el presidente Arévalo sobre el tema de la confidencialidad del pacto colectivo de Educación se encuentran sujetas a leyes de carácter ordinario, en este caso, la Ley de Acceso a la Información Pública.
“De esa cuenta, en atención a la forma en que fueron formuladas las interrogantes por parte del Presidente de la República, no es posible llevar a cabo el análisis interpretativo”, añade la CC en la resolución.
El fallo fue aprobado por unanimidad por los magistrados Néster Vásquez, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Leyla Lemus.
Otras acciones
Los abogados Edgar Lima, Edgar Ortiz y Javier Urízar presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la secretividad del pacto colectivo.
Sin embargo, la CSJ decidió suspender en definitiva el trámite de amparo solicitado, por lo que los abogados decidieron accionar ante la CC.
Silvio Gramajo, periodista y especialista en la Ley de Acceso a la Información Pública, opina que el pacto colectivo que suscribió el Ministerio de Educación con el Sindicato de Trabajadores por la Educación, liderado por Joviel Acevedo, no debe ser privado.
“No existen causales, según la Ley de Acceso a la Información Pública, que establezcan que dicho documento forme parte de las excepciones al derecho de acceso a la información”, señaló Gramajo.
El catedrático universitario agregó que si las autoridades aceptaron el documento con esas condiciones, deben devolverlo “asumiendo que no llena los requisitos legales para razonar y fundamentar la confidencialidad del mismo”.
