En Estados Unidos los/as magistrados/as de la Corte Suprema son nominados/as por el Presidente y deben ser confirmados/as por el Senado. Este proceso es altamente politizado, especialmente en los últimos años, ya que los nombramientos siempre influyen en la dirección ideológica de la Corte durante décadas pues los/as jueces/zas se quedan en sus cargos para toda la vida. La decisión de que los/as magistrados/as de la Corte Suprema de Estados Unidos sean designados/as por el presidente, con el consejo y consentimiento del Senado, se estableció durante la Convención Constitucional de 1787, donde se redactó la Constitución de los Estados Unidos por figuras muy influyentes y poderosas como James Madison y Alexander Hamilton. ¿Quién en Guatemala ha tenido esta estatura y visión de largo plazo en los diseños constitucionales recientes?

En comparación, en Alemania, los/as magistrados/as del Tribunal Constitucional Federal son elegidos/as por el Bundestag (cámara baja del parlamento) y el Bundesrat (cámara alta del parlamento). La elección requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, lo que estimula la formación de consensos y más cooperación entre los partidos políticos. Los diseñadores de este sistema no fueron simples políticos de partidos hechos solo a la talla de grupos de poder oligárquico, empresarial o corrupto, aunque estos intereses siempre están en juego. Esos diseñadores/as fueron en varios casos grandes académicos socialdemócratas o liberales como Carlo Schmid y Hermann von Mangoldt respectivamente. El primero fue también traductor de los trabajos de Maquiavelo, Baudelaire y Malraux.

A diferencia de los sistemas en EEUU y Alemania, Bolivia decidió dar un salto al vacío en términos de sus magistrados/as. Pues en Bolivia los/as magistrados/as del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura son ahora elegidos/as por voto popular. Este proceso fue implementado por primera vez en 2011, con el objetivo de democratizar la justicia y reducir la influencia política en la selección de magistrados. La elección se realiza a partir de una preselección de candidatos/as realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los/as candidatos/as no pueden tener militancia política ni haber participado en gobiernos dictatoriales o violaciones a los derechos humanos. El Órgano Electoral es el encargado de organizar el proceso y difundir los méritos de los candidatos, ya que estos no pueden hacer campaña electoral.

La decisión de que en Bolivia se elijan a los/as magistrados/as por voto popular fue parte de un proceso de refundación constitucional que culminó con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009. Esta refundación fue impulsada por el gobierno del presidente Evo Morales, la Asamblea Constituyente y el Movimiento al Socialismo (MAS). Entre los intelectuales más influyentes en este proceso encontramos a Carlos Romero Bonifaz, autor de varios textos claves sobre constitucionalismo boliviano, así como el sociólogo Raúl Prada Alcoreza, el docente constitucionalista Héctor Arce Zaconeta y el filósofo y teórico político Álvaro García Linera.

El caso de Bolivia nos ha dejado varias lecciones.

Uno de los principales problemas ha sido la falta de una adecuada difusión de información sobre los candidatos. Esto ha llevado a que muchos votantes no conozcan suficientemente a los aspirantes, lo que se traduce en altos niveles de votos nulos y en blanco.

La preselección de candidatos/as por la Asamblea Legislativa ha sido criticada por la falta de criterios uniformes y rigurosos para evaluar la idoneidad de los/as aspirantes. Esto ha llevado a que candidatos/as con poca experiencia o cuestionable idoneidad lleguen a las elecciones.

A pesar de los esfuerzos por despolitizar el proceso, es decir, que no esté sujeto a transacciones corruptas, sobornos o arreglos preestablecidos y/o clandestinos que favorecen a grupos de interés empresarial o político, ha habido acusaciones de que la selección y elección de magistrados sigue estando influenciada por intereses políticos y económicos. La corrupción y la falta de independencia judicial siguen siendo problemas graves en el sistema de justicia boliviano. 

Los resultados del proceso boliviano han sido, en muchos sentidos, decepcionantes. Las dos elecciones realizadas hasta ahora, en 2011 y 2017, no han logrado resolver los grandes problemas que la ciudadanía boliviana buscó resolver con la refundación del 2009, como la corrupción y la falta de certidumbre jurídica. La percepción pública sobre la imparcialidad y eficacia del sistema judicial sigue siendo baja.

¿Qué hacer en casos como el de Bolivia?

Es fundamental mejorar la educación política y la difusión de información sobre los/as candidatos/as, así como la participación ciudadana de manera multimodal, para que los/as votantes puedan tomar decisiones informadas. Esto incluye la utilización de medios de comunicación, plataformas digitales y redes ciudadanas a todo nivel, desde abajo para arriba, para dar a conocer los méritos y antecedentes de cada aspirante.

Se deben establecer y aplicar criterios más estrictos y uniformes para la preselección de candidatos/as. Esto puede incluir evaluaciones profesionales independientes y la participación de organismos internacionales para asegurar la transparencia y la calidad de los aspirantes.

Es necesario reducir la influencia política -es decir, politiquera- en la selección y elección de magistrados/as. Esto podría lograrse mediante reformas que fortalezcan la independencia de los órganos encargados del proceso, la implementación de mecanismos de control y supervisión externos, la participación ciudadana en los procesos y discursos públicos de definición y selección.

Finalmente, urge aumentar la educación cívica y fomentar una mayor participación ciudadana en el proceso electoral para fortalecer un modelo de democracia participativa y discursiva y asegurar que la selección de magistrados/as refleje verdaderamente las articulaciones del pueblo ciudadano.

Mientras que la elección de magistrados/as por voto popular en Bolivia representa un esfuerzo significativo y un modelo innovador para democratizar la justicia, los desafíos y problemas actuales indican que se requieren reformas profundas para mejorar la transparencia, la independencia y la eficacia del sistema judicial.

El caso de México

México también se propone elegir popularmente a los/as ministros/as de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Algunos también argumentos contradicciones en la esfera pública mexicana a favor y en contra de este modelo.

El primer argumento a favor de este modelo tiene que ver con el empoderamiento del pueblo. La idea es permitir que los/as ciudadanos/as elijan a los/as ministros/as para fortalecer la democracia al dar al pueblo un papel más directo y protagónico en la conformación del poder judicial. En este sentido, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta resultados de encuestas sobre reforma al Poder Judicial que parecen demostrar la valides de este argumento.

Como en el caso boliviana, la idea de la propuesta en México es que los/as ministros/as elegidos/as popularmente podrían sentirse más responsables ante el público, promoviendo una mayor transparencia en sus decisiones.

Algo que también es ampliamente sentido y entendido en México es la propuesta de que la elección popular podría ayudar a disminuir la influencia del poder ejecutivo y legislativo en el nombramiento de magistrados/as, contribuyendo a un poder judicial más independiente.

Finalmente, el modelo descansa en el presupuesto de que la elección de los/as magistrados/as podría también resultar o, de hecho, empezar con una mayor diversidad de candidatos/as, incluyendo aquellos/as que no forman parte de las élites políticas y económicas tradicionales.

A pesar de los poderosos argumentos a favor de la elección de los/as magistrados/as, sabemos que los procesos electorales de hecho politizan cualquier forma de candidatura y que los/as candidatos siempre necesitan financiar campañas, lo que abre las puertas e invita entrar a intereses privados o políticos y a formar compromisos y deudas políticas.

Los/as ministros/as que resulten electos/as van a verse en la posición de tomar decisiones que sean populares y no necesariamente justas, para asegurar su reelección, mantener su popularidad o evitar una posible revocación de su mandato si esto está incluido en las reformas del sector justicia.

Igualmente, la elección popular podría priorizar la popularidad sobre la idoneidad, la competencia y la experiencia, llevando a la selección de jueces/zas que no necesariamente sean los/as más calificados/as.

Por razones de educación, interés o apatía, la ciudadanía votante podría tampoco no tener el conocimiento necesario sobre los/as candidatos/as y sus calificaciones, lo que podría llevar a decisiones mal informadas. En época de enorme cinismo, teorías de conspiración, populismo de derechas, etc., esta es una posibilidad particularmente seria.

Finalmente, las campañas electorales hoy en día están plagadas de desinformación, manipulación, “hechos alternativos” y posverdad, dificultando que el público tome decisiones informadas o, de hecho, orientado todo ello a confundir deliberadamente a la gente. En las esferas públicas de Latinoamérica esto se ha convertido, hoy, en una dinámica muy poderosa.

Y, como siempre, existen los intereses privados, empresariales e incluso criminales que muchas veces influyen en los procesos electorales de cualquier tipo mediante financiamiento de campañas o propaganda, compra o soborno de voluntades, casos en los cuales resultaría comprometida de entrada la independencia de los jueces.

Lecciones para Guatemala y México

El proceso de elección de magistrados en Bolivia ofrece varias lecciones importantes para México y Guatemala, especialmente considerando los desafíos y problemas que Bolivia ha enfrentado con su método de selección por voto popular.

Es esencial asegurar una adecuada democratización y difusión pronta y eficaz de información sobre los/as candidatos/as. La falta de información adecuada sobre los/as candidatos/as ha llevado a altos niveles de votos nulos y en blanco, lo que indica que muchos votantes no estaban bien informados sobre sus opciones.

Debe garantizarse que todos/as los/as candidatos/as sean presentados/as de manera transparente y que sus méritos, competencias y antecedentes sean difundidos y debatidos ampliamente. Utilizar múltiples plataformas y medios de comunicación puede ayudar a informar mejor al electorado.

Es vital establecer criterios estrictos y uniformes para la preselección de candidatos. En Bolivia la preselección ha sido criticada por falta de criterios rigurosos, lo que ha permitido la participación de candidatos con poca experiencia o cuestionable idoneidad.

Es importante implementar criterios de selección claros y uniformes, y considerar la participación de organismos independientes e internacionales para evaluar la idoneidad de los aspirantes. Muchas veces estas capacidades no existen en países como México o Guatemala.

Siempre y en todo caso urge minimizar la influencia política en el proceso de selección. En el caso de Bolivia, a pesar de varios intentos por despolitizar el proceso, la influencia política sigue siendo un problema significativo, afectando la independencia judicial.

Es también fundamental implementar mecanismos que aseguren la independencia de los órganos encargados de la selección y elección de magistrados/as, reduciendo así la interferencia política. Y asegurarse de participación ciudadana, equitativa y competente, en estos organismos. Para ello urge fomentar la participación ciudadana y la educación cívica.

De hecho, en el caso de Bolivia, la participación informada del electorado ha sido limitada debido a la falta de difusión de información y educación cívica adecuada.

Si queremos una ciudadanía preparada entonces debemos invertir en programas de educación ciudadana para aumentar la comprensión, la participación y el debate de la ciudadanía en el proceso electoral. Esto no solo es bueno para el sector justicia, sino que es bueno para fortalecer una democracia participativa y asegurar que la selección de magistrados/as refleje la voluntad racional, debatida y concienzuda desde abajo para arriba.

Aunque la participación ciudadana puede contribuir mucho en esto, hay que implementar mecanismos de supervisión y control para garantizar la transparencia y la integridad del proceso. En Bolivia ha habido muchas críticas a la falta de transparencia y la influencia política que indican la necesidad de supervisión externa.

Al aprender de las experiencias de Bolivia, tanto México como Guatemala pueden escoger y luego mejorar un modelo de selección de magistrados/as, asegurando que tanto el contenido como los protocolos y procesos de la justicia sean independientes, eficientes y realmente justos.

Ver:

1 Cómo le ha ido a Bolivia con la elección directa de jueces y Para entender la elección de magistrados judiciales en Bolivia

2 Para entender la elección de magistrados judiciales en Bolivia

3 Cómo le ha ido a Bolivia con la elección directa de jueces

4 Bolivia arrepentida de la elección por voto de magistrados al poder judicial

 5 Cómo le ha ido a Bolivia con la elección directa de jueces

6 Sheinbuam informó sobre la encuesta ciudadana: el 81 de la población aprueba la reforma judicial

7 Cómo le ha ido a Bolivia con la elección directa de jueces

8 Cómo le ha ido a Bolivia con la elección directa de jueces

9 Bolivia arrepentida de la elección por voto de magistrados al poder judicial

10 Para entender la elección de magistrados judiciales en Bolivia

11 Cómo le ha ido a Bolivia con la elección directa de jueces