La mayoría de los empleados, amigos o colaboradores de Alejandro Sinibaldi que le pagaron sobornos han sido condenados o han aceptado haber cometido algún delito, sin embargo, la suerte del exfuncionario ha sido distinta.
Sinibaldi sigue impune en todos los casos en los que se le señaló, mientras otros procesos, como el de la extinción de las propiedades a las que se le vincula y las cuales fueron adquiridas con recursos provenientes de pagos de sobornos, se han quedado estancados, ya sea por la burocracia del Estado o porque el Ministerio Público (MP) sigue sin presentar la solicitud de extinción de dominio.
El caso de la “Finca Yaxhá”, o “Marielita” –como era conocida la propiedad adquirida a través de empresas de cartón y pagada con recursos provenientes de coimas entregadas por constructoras– podría pasar a manos de un nuevo juez de extinción de dominio más complaciente con Sinibaldi, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidiera trasladar al juez Marco Antonio Villeda, quien ha tenido a su cargo la extinción de decenas de propiedades tanto de exfuncionarios señalados por corrupción como Manuel Baldizón, Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Erick Archila, entre otros, así como de narcotraficantes, entre ellos Eduardo Villatoro Cano.
A pesar del trabajo que dejó adelantada la CICIG, y que sirvió para la inmovilización de decenas de bienes del exministro desde 2017, el MP no ha presentado hasta el momento la solicitud de extinción de dominio.
“La finca no es mía”
En septiembre de 2014, el medio Plaza Pública reveló una investigación sobre una finca contigua al parque Yaxhá-Nakum-Naranjo, Petén en la que se estaban talando árboles y sobre la cual el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) había presentado una denuncia porque se estaba deforestando un área que requería permisos especiales.
El medio encontró indicios de que la finca era propiedad del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, sin embargo, en una entrevista negó que esta fuera de su propiedad.
“Yo no tengo por qué esconder una finca. Si estoy partiendo de decirle que soy ganadero y tengo fincas, yo no tengo la razón por la cual esconderlo. Pero tampoco tengo la razón para aceptar que la finca es mía”, dijo entonces el exministro.
Sin embargo, la CICIG encontró más pruebas que evidencian que la finca que depredó la selva sin permiso del Conap, había sido en realidad adquirida por empresas vinculadas a Sinibaldi y al final, para intentar ocultarla, la trasladó a una supuesta fundación en donde inscribió como beneficiaria a su esposa María José Saravia Mendoza.
El origen de los fondos: sobornos de constructoras
Según las investigaciones de la CICIG, la finca fue adquirida por Alejandro Sinibaldi a través de dos empresas sobre las cuales tenía control a través de testaferros y eran en realidad empresas de cartón que servían para recibir recursos de sobornos provenientes de constructoras, así como para adquirir suntuosos bienes.
La finca fue adquirida en 2013, cuando Sinibaldi aún era ministro de Comunicaciones, por US$800 mil (Q7 millones 39 mil 654.29) pagados a la familia Fischer.
El trato para la compra fue simular un pago sobre el cual se declaró finca en Guatemala por Q800 mil, los cuales fueron entregados mediante un cheque de gerencia adquirido por la empresa Agropecuaria Nápoles con fecha 16 de julio de 2013, mientras que el dinero restante fue saldado a través de un giro bancario, comprado por Constructora Benelli, por US$778 mil 717.94. equivalente a Q6 millones 89 mil 574.29.
Según las investigaciones de la CICIG, Benelli recibió, durante el tiempo que operó, depósitos provenientes de distintas constructoras, entre ellas Asfaltos de Guatemala, propiedad de José Luis Rodrigo Agüero Urruela –quien, además, pagó sobornos a Rodrigo Arenas por orden de Alejandro Sinibaldi. Según su declaración, realizó 14 depósitos a la cuenta de Benelli por Q1 millón 765 mil 691.99; y diez depósitos a Constructora Jireh, propiedad de Jaime Aparicio, por Q3 millones 758 mil 93.76.
La Constructora Nacional S. A. (Conasa), de Álvaro Mayorga y Juan Luis Tejada, hizo tres depósitos por Q2 millones 164 mil 718.75; D&D Construcciones hizo ocho depósitos por Q910 mil 209.73; Ingenieros MyT S. A., también de Mayorga y Tejada, cuatro depósitos por Q2 millones 751 mil 977.68; Pavimentos de Guatemala S. A., seis depósitos por Q1 millón 800 mil y Serdelco, también de Jaime Aparicio, 11 depósitos por Q3 millones 517 mil 275.12.
Los montos recibidos por Benelli suman Q16 millones 667 mil 967.03, según las investigaciones de la CICIG.
La mayoría de los constructores que hicieron depósitos a las cuentas de Benelli solicitaron un procedimiento abreviado en donde reconocieron su culpabilidad, además, señalaron haberlo hecho por la coacción de Sinibaldi, pero el exministro continúa sin aceptar su responsabilidad.
Una simulación realizada a petición de Sinibaldi
Tras destaparse el caso La Línea, que reveló la corrupción de la cual eran parte la exvicepresidenta Roxana Baldetti, su exsecretario privado Juan Carlos Monzón y otros funcionarios incluido el propio Otto Pérez Molina, que según las investigaciones recibía parte de los sobornos provenientes de la estructura de corrupción, Sinibaldi empezó a intentar borrar las huellas.
Dentro de las pruebas que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del exfiscal Juan Francisco Sandoval aportó para inmovilizar el inmueble se encuentra la declaración de Otto Emilio Santano Cintora, quién fue inscrito como mandatario especial de la offshore y de la Fundación de Interés Privado “Fairsal”, con la cual Sinibaldi intentó ocultar la propiedad real de la finca.
Santano Cintora declaró al auxiliar fiscal que “la adquisición del bien inmueble fue una simulación realizada a petición de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, con la intención de ocultar la verdadera propiedad del bien”, señala un informe de la CICIG al que eP Investiga tuvo acceso.
En su declaración, Santano Cintora señaló que Sinibaldi le explicó en una reunión que tuvieron en Miami, Florida en julio de 2015, “que era un favor, ya que por motivos personales y familiares, tenía miedo de perder la finca en Petén”.
El documento señala que “le propuso hacer un pago proveniente de su dinero, que posteriormente le iba a ser devuelto utilizando una cuenta en Panamá y para ello le pagarían una comisión” del 30 por ciento del valor de la escritura, según su declaración.
Según el documento, Juan Arturo Jegerlehner Morales, quien en abril de 2016 era concuño de Sinibaldi y aceptó los delitos que le imputó la FECI, le explicó el funcionamiento de una Fundación de Interés Privado y que esta estrategía era un vehículo legal que utilizarían para trasladar la finca Yaxhá, de esa manera se ocultaría al verdadero dueño del inmueble.
Santano Cintora simuló la compra de la finca a través de la empresa Ryne Investment S. A., la cual posteriormente aportó la finca Yaxhá a la Fundación de Interés Privado “Fairsal”.
La beneficiaria de la fundación
La simulación de la compraventa no terminó ahí, en 2017 Sinibaldi le ordenó a su concuño que cambiara a los beneficiarios. Varios correos electrónicos intercambiados por Jegerlehner y la firma de abogados panameña Quijano & Associates, muestran las maniobras para modificar a quienes aparecerían como “beneficiarios” de la Fundación.
El reglamento de Fairsal, modificado a petición de Sinibaldi, pone como primer beneficiario a María José Saravia Mendoza, esposa de Sinibaldi, quién, según el reglamento, “tendrá derecho al uso y al goce de aquellos bienes de la fundación que sean susceptibles de ser usados y disfrutados, sin implicar su enajenación, y también tendrá derecho a recibir y disponer de los ingresos que dichos bienes produzcan a medida que vayan produciéndose”.
Además de Saravia, Sinibaldi también ordenó que sus hijos aparecieran como beneficiarios en el documento.
La Linterna, Cartago y El Triángulo
Sinibaldi adquirió, además, otras tres fincas, dos de ellas vecinas de Yaxhá, las cuales hicieron que la propiedad se extendiera aún más.
Dos de los inmuebles eran vecinos de la finca más grande, en donde, según los documentos encontrados en los allanamientos realizados por la FECI de Sandoval, se construiría un proyecto “ecoturístico”, mientras el tercer terreno serviría al exministro para tener ganado.
Carlos Presa Aguirre, testaferro de Sinibaldi y quien en enero pasado aceptó los cargos que le imputaron y fue condenado a seis años de prisión por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, fue el encargado de realizar los pagos y hacer las negociaciones con los propietarios de estas fincas, según encontraron las investigaciones.
Las fincas vecinas a Marielita eran conocidas como El Triángulo y Cartago, sobre la primera, de una Caballería, el encargado de hacer el negocio fue René Cardona, otro testaferro de Sinibaldi y a quien negó como su empleado en la entrevista con Plaza Pública.
Cardona, quien era representante legal de Agropecuaria Nápoles, la empresa de cartón propietaria de Sinibaldi, pagó en efectivo por el Triángulo Q120 mil según la declaración del anterior dueño de la finca.
Mientras que La Linterna fue adquirida por Jorge Aldana Sett, quien trabajaba para Sinibaldi en la finca Yaxhá, según los documentos incautados por la FECI.
Al igual que las fincas de Petén, otra decena de propiedades vinculadas a Sinibaldi, adquiridas con recursos provenientes del pago de sobornos y por personas que reconocieron haber cometido delitos bajo las órdenes del exministro de Comunicaciones, podrían ser devueltas ante la pasividad del MP y el cambio del juez de extinción de dominio que ocupó el cargo desde 2012.
La Corte de Constitucionalidad (CC) también tiene en sus manos un expediente con tres inconstitucionalidades planteadas contra la Ley de extinción de dominio, la cual busca dejar sin efecto varios artículos de la misma hasta bloquearla.
