La crítica constante de que los funcionarios no tienen la capacidad para implementar proyectos con calidad, innovar, ser efectivos, entre mil críticas a la burocracia a veces muy dependiente de la cooperación internacional para el expertise técnico. La capacitación y formación constante no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, nuestro gobierno se tambalea, tropieza y, a menudo, cae.

La formación de servidores públicos y las entidades competentes para atender esta tarea reciben poca atención y mucho menos priorización presupuestaria. Formar es esencial para cualquier nación que aspire a un gobierno eficiente. En Guatemala, la ansiada reforma al servicio civil necesita un sistema basado en el mérito, la estabilidad laboral y la profesionalización de los empleados públicos. Este enfoque destaca la importancia de evaluar y capacitar continuamente a los funcionarios, asegurando que su desempeño sea la base para la promoción y estabilidad en la carrera administrativa.

¿Por qué necesitamos esto? Porque, seamos realistas, el ámbito público no siempre atrae al talento más capacitado, especialmente en niveles medios. No podemos esperar a una reforma para arreglar los problemas de capacidad técnica en procesos y conocimientos temáticos. Esto implica enseñar herramientas y actualización en los conocimientos necesarios.

Es relevante notar que muchas veces se culpa a procesos y sistemas ineficientes, sin mencionar los vicios políticos, por errores en gestión, como en el espacio municipal, por ejemplo. Estos puestos que se renuevan cada cuatro años que, sin conocimiento de las normativas de construcción de política pública y proyectos de inversión, la curva de aprendizaje es más lenta de lo que los tiempos políticos exigen. Cada ciclo electoral trae consigo un desfile de caras nuevas, muchas veces sin la menor idea de cómo navegar las complejidades del servicio público. Sin la formación adecuada, estos nuevos servidores están destinados a cometer los mismos errores, una y otra vez. Entidades como el Instituto de Administración Pública necesitan continuar fortaleciéndose para convertirse en un referente y protagonista de la capacidad de gestión de los servidores públicos.

La profesionalización también debe estar acompañada de una revisión de pactos colectivos y regulación de condiciones de trabajo. Necesitamos evitar que se utilicen como medio de actualización de salarios y protección de puestos, asegurando que las negociaciones respeten la disponibilidad financiera del Estado y se realicen de manera centralizada y basada en una política nacional de salarios. Esto es crucial para que la formación no sea solo un parche, sino una solución a largo plazo.

La combinación de un enfoque meritocrático y un sistema de formación continua robusto es fundamental para construir un servicio civil que responda eficazmente a las necesidades de la sociedad guatemalteca. Porque, al final del día, todos queremos un gobierno que funcione, que no nos haga sentir que estamos tratando de comer sopa con un tenedor. La formación continua no es solo una opción, es una obligación. Y cuanto antes lo entendamos, mejor para todos.