Este 2024 el Premio Nobel de Economía fue otorgado a tres distinguidos académicos: Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. La Academia sueca se fundamentó en sus investigaciones basadas en análisis histórico comparado de los fracasos y éxitos de las naciones. Guatemala ha sido parte de su experimento y la perpetuación Chip sobre el ineficaz Estado de Derecho y las instituciones fallidas del medio,  que requiere mucho más que simples sugerencias tecnológicas de tramitología superficial, y que se cacarea en pomposos foros acompañados de leguleyos protectores de la exclusión e impunidad.

Acemoglu (turco) y Johnson (británico) pertenecen al  Massachussets Institute of Technology (MIT), mientras que Robinson (británico) está hoy en  la Universidad de Chicago. Se trata por lo tanto de centros de pensamiento económico de fama y legado mundial.

Lo digno de aplaudir es el premio a investigaciones que traspasan los cerrados marcos cuantitativos, y hasta cierto punto autistas, de galardonados recién pasados.  Se retoman así temas complejos de historia, y refiriéndose a la Mesoamérica precolombina la comparan con otras realidades lejanas. Y resulta ser, dice Acemoglu y Robinson, en su libro “Por qué fracasan las naciones”, que en estos territorios incluso antes de la invasión de Cortés y Alvarado, la práctica de instituciones extractivas en vez de inclusivas era ya algo habitual.

Los mayas practicaron una economía de concentración de riqueza y de presencia de élites en donde en períodos como el Clásico, florecieron las grandes construcciones, las artes y el conocimiento, pero carentes de sostenibilidad por la presencia de múltiples ciudades-Estado, con sus dinastías dominantes. La institucionalidad extractiva genera riqueza para las élites, destruye los recursos y medios de vida, y se va… dejando anomia social, decadencia e inanición; tal y como lo hace la industria petrolera, la de los metales ferrosos a cielo abierto, y los monocultivos de hoy en día.

Hoy, cuando recordamos 500 años de la invasión de aventureros españoles, patrocinados por la Corona Ibérica, el capítulo titulado “De la encomienda a la apropiación de tierras”, nos pinta de cuerpo entero como un país de oligarquías, siendo que incluso los autores se refieren al período posterior al derrocamiento de Serrano Elías, subrayando como protagonistas a representantes genuinos de la oligarquía actual, específicamente descendientes de Bernal Diaz del Castillo y otros aventureros que luego fueron encomenderos y grandes terratenientes.

Los autores mencionan las conocidas y bien hechas investigaciones de Marta Casaus, quien señala que las oligarquías descendientes de tales grupos invasores han controlado el poder político y económico de Guatemala desde 1531. Refiriéndose a la década de los noventa, tales grupos privilegiados aglutinados en diversos lazos consanguíneos y de relaciones de poder, representaban solamente algo más del 1 por ciento de la población.

Los autores mencionan que las redes de poder e institucionalidad creadas mantienen hoy una falta de innovación y  creatividad, conservando y ampliando beneficios significativos para la élite; generando entonces fuertes incentivos para que otros luchen por su sustitución, lo que ocasiona constantes luchas internas e inestabilidad, siendo todo ello un rasgo inherente a la denominada institucionalidad extractiva, opuesta a una institucionalidad inclusiva, que en la era moderna es el epítome de la democratización del capital, de la planificación participativa y de una más equitativa repartición de los frutos del crecimiento económico.

Dichas élites, en múltiples ocasiones suelen conducir al fracaso total de la ley y el orden, desembocando en caos e ineficiencias diversas.

 Hablando de Guatemala, y acudiendo al método histórico, los autores nos muestran que hasta la infraestructura pública está a merced de esa exclusión, y mencionan los obstáculos de la élite que concentraba el poder  y torpedeaba la construcción de la carretera entre Los Altos y la costa del Pacífico: la resistencia provenía de la élite central, aposentada en la ciudad de Guatemala, porque temía la conformación de una clase comerciante quezalteca, que habría sido un competidor de los comerciantes del Consulado de la capital. Imagino que se refieren a la institucionalidad creada por el Consulado de Comercio, dominada por los Aycinena, quienes desde la Colonia, hasta bien entrado el reinado de Rafael Carrera, dominaban el poder económico.

Otros autores, con más conocimiento de la región, y más profundos en la investigación histórica lo han mostrado con más fundamento, y menos imprecisiones históricas que los actuales Nóbel, quienes tienen el mérito de acudir a la historia de muchos tiempos y de incontables regiones. Lo cierto es que notables estudiosos guatemaltecos bien han insistido que, no sólo fue la infraestructura. La propia institucionalidad educativa, por ejemplo, ha sido, y continúa siendo, un foco de privilegios para accesar al poder y al trabajo redituable, situando a los jornaleros y operarios en una escala de baja educación, e incluso desnutrición, de una manera conveniente: es común el temor aún actual de los finquerotes por facilitar educación, lo que les facilita mano de obra operaria y barata.

Bien entonces por este premio: para recordarnos, una vez más, que la ¡Historia es la Maestra de la Vida!