Jose Rubén Zamora se levantó el viernes a las 4 de la madrugada. Se vistió de traje y corbata negra y camisa blanca y fue trasladado desde la cárcel Mariscal Zavala para acudir a la audiencia en donde, después de 812 días encarcelado, obtuvo prisión domiciliaria. 

La cita era a las 11:15 de la mañana en el edificio de tribunales, pero comenzó con más de siete horas de retraso y después de dos recesos. Zamora tuvo que almorzar y permanecer en el juzgado ubicado en el quinto nivel. Una botella de agua pura lo acompañaba en sus intervenciones. El embajador de Alemania en Guatemala, Hardy Boeckle, y representantes de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, estuvieron presentes en la sala. 

Al inicio,  los ausentes fueron los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y los querellantes de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). El retraso para iniciar la audiencia se debió a una recusación planteada un día antes contra el juez, Erick García, quien debía conocer la solicitud de medida sustitutiva, presentada por Raúl Falla, abogado de la FCT. 

En la primera jornada de la mañana, García ordenó el primer receso y convocó para las 3 de la tarde, dando tiempo a que se presentarán los fiscales y Falla,  para que argumentara la recusación en su contra. Sin embargo, los únicos que respondieron al llamado fueron los fiscales de FECI, Vilma Pérez Pineda y Edwin de León Menchú. El jefe de esa fiscalía, Rafael Curruchiche, llegó, pero permaneció entre los asistentes. 

Falla no se presentó, por eso su recusación no fue admitida, pero sí estuvo publicando en su red social X en contra de la posible resolución del juez de otorgar libertad a Zamora y retuiteando publicaciones de la famosa cuenta ¡Yes, Master! que ataca a jueces, exfiscales, defensores de derechos humanos y a algunos periodistas. 

Tiempo de prisión excedió el plazo

La abogada defensora del Instituto de la Defensa Pública Penal, Roxana López, fue elocuente y contundente en sus argumentaciones. Hizo una cronología del caso y enumeró las veces en que las audiencias donde se buscaba solicitar esta segunda medida sustitutiva, fueron suspendidas. 

También indicó que recusar a los jueces que han conocido el caso o a los abogados defensores del periodista han sido prácticas constantes de la FCT. Además, explicó que debido a las condiciones en las que Zamora ha estado en la prisión era necesario dictar la prisión domiciliaria.  

“Zamora tiene arraigo y no cuenta con sus documentos migratorios como pasaporte. Tiene una vivienda con todas las comodidades para su edad, ya que su salud se ha deteriorado en la cárcel y es de reconocida honorabilidad”, subrayó López.

En tanto que Ernesto Dardón, abogado de la Procuraduría General de la Nación, estuvo en sintonía con la petición de la defensa pues coincidió en que el plazo de prisión preventiva se había prolongado.

A pesar de los intentos de retrasar y reprogramar la audiencia que buscaban la FECI y Raúl Falla, el juez, Erick García, se mantuvo firme. Rechazó la primera recusación en su contra por la ausencia del ponente y luego de recibir otra recusación de la fiscalía, decidió casi a las 8 de la noche, entrar a conocer y resolver la solicitud de medida sustitutiva pedida por Zamora.

“A la fecha por razones de derechos humanos el plazo de prisión pues ha excedido los límites y también hay que tomar en consideración que el señor Zamora Marroquín goza del arraigo correspondiente para que se pueda practicar este tipo de beneficios”, dijo el juzgador.

“En este momento es aconsejable atender a ese requerimiento que se ha realizado por parte del señor Jose Rubén Zamora Marroquín y en consecuencia se le impone la medida sustitutivas siguientes el arresto domiciliario (…) También se le otorga la prohibición de salir del país”, agregó el juez García.

El equipo que quería a Zamora preso

La intención de mantener a Zamora en prisión fue evidente de parte de la FECI y de la FCT. Primero, fue el abogado Falla quien recusó al juez y a pesar de que le dieron cuatro horas para apersonarse en el juzgado no llegó, por eso la medida fue denegada. 

Más tarde los fiscales intentaron recusar a García, pero tampoco les funcionó. Al menos por ahora, pues será conocida en la próxima audiencia. Vilma Pérez Pineda, la nueva fiscal del caso Zamora, es una fiscal con historia cuestionable. En septiembre de 2021, la entonces jueza, Ericka Aifán, la señaló de haber revelado la identidad de un testigo protegido y mostrar información reservada del caso Odebrecht a uno de los abogados de los acusados. 

Al año siguiente, Leily Santizo y Siomara Sosa, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y exfiscal de la FECI, respectivamente, denunciaron que fueron agredidas por Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruíz de la FCT luego de una audiencia en febrero de 2022. El hecho sucedió frente a Pérez, pero ella no reaccionó ni dio seguimiento a las amenazas. 

Mientras que, el auxiliar fiscal Edwin de León Menchú, llegó a la FECI sin tener mayor carrera dentro del Ministerio Público. Él también trabaja en el caso que dejó en suspenso la personería jurídica de Movimiento Semilla.  

Durante su argumentación, la fiscal Vilma Pérez dijo que Zamora no podía recibir medida sustitutiva porque según su pasaporte tenía registradas 25 salidas del país. 

Zamora pidió la palabra y explicó que esos viajes los hizo cuando no tenía ningún proceso judicial en su contra y que ahora que su situación era distinta,  sabía que no debía salir del país. 

Zamora satisfecho

Jose Rubén Zamora salió sonriendo del juzgado luego de la larga espera para conocer el fallo del juez. En sus declaraciones a los medios comentó que la próxima semana ingresará a un hospital para chequearse. “Voy satisfecho. Reconozco y valoro y siento que esto está sucediendo por el apoyo de la prensa independiente, de los periodistas independientes y de los guatemaltecos que han sido muy generosos”, dijo. 

“Todavía hay que procesar lo vivido, no fue solo la cárcel. Hubo 200 personas que perdieron su empleo, mi hijo menor destruyó su carrera académica”, comentó. 

La orden de libertad fue enviada por el Organismo Judicial hoy al Sistema Penitenciario para que recobrara su libertad y comenzará la prisión en su vivienda ese día. 

Una nueva batalla jurídica espera al ex presidente de elPeriódico, luego de que el Ministerio Público anunciara que impugnará la resolución que lo deja libre.

La Sala Tercera, a cargo de analizar este recurso, está integrada por magistrados que fueron representantes legales de los ex presidentes Otto Pérez, Jimmy Morales, el diputado Felipe Alejos y su esposa, Alejandra Carrillo.

Alejandro Prado Estrada, defensor de Otto Pérez,  Morales y Alejos, preside esa sala, Mario Federico Hernández Romero, quien defendió a Carrillo funge como vocal en la misma sala.