Foto: eP Investiga

En el informe sobre las lecciones aprendidas en el proceso de elección de Cortes, Impunity Watch resalta que esas situaciones también ocurrieron en los procesos de 2014 y 2019, resaltando los instrumentos que se aplicaron para la selección de los aspirantes que integraron las nóminas. 

“Las comisiones de postulación realizaron un proceso apresurado, aprobaron y aplicaron instrumentos deficientes de evaluación y no examinaron la ética y honorabilidad de los aspirantes”, afirman en el informe. 

Además, criticaron el actuar del Congreso de la República luego de que recibieron las nóminas, debido a que no se estableció ningún procedimiento público y transparente para que la ciudadanía pudiera conocer a cada uno de las y los profesionales que integraron las nóminas. 

“Desde el inicio del proceso había serias dudas si se lograría un buen resultado porque se aplicarían las mismas reglas de procesos anteriores”, resaltando que varios magistrados fueron reelectos, tanto en la CSJ como en la Corte de Apelaciones. 

Impunity Watch también destacó en el informe que el proceso estuvo marcado por “amenazas de criminalización” por parte del Ministerio Público (MP) y que desde un inicio hubo preocupación sobre esta situación. 

Agregaron que la Fiscal General, María Consuelo Porras, “no logró detener la elección ni colocar en las cortes a sus fiscales más allegados”. 

Sistema desvirtuado

Para Impunity Watch, el proceso reciente dejó desvirtuado el sistema de Comisiones de Postulación, ya que a pesar de ser un modelo de elección razonable, en la práctica se ha desnaturalizado y se ha convertido en un mecanismo de cooptación del sistema de justicia.

“Desde el inicio del proceso, se identificaron grupos de poder y operadores políticos que buscaban interferir indebidamente en la elección, como el presidente de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez, el abogado Roberto López Villatoro, el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, y la misma fiscal general Consuelo Porras”, afirma Impunity Watch en su informe. 

Señalan que eso quedó evidenciado en las planillas que se eligieron en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los magistrados de la Corte de Apelaciones para integrar las Comisiones de Postulación.

Destacaron también los retrasos que enmarcaron al proceso y que no se establecieron instrumentos objetivos de evaluación de los aspirantes. 

Criticaron que las Comisiones de Postulación no valoraron la ética y que no se tomaran en cuenta las tachas presentadas por la ciudadanía. Sin embargo, destacaron la participación ciudadana en el proceso, debido a la observación nacional e internacional que hubo.

Impunity Watch considera que es necesario reformar el sistema de elección de Cortes en Guatemala, donde los magistrados de la Corte de Apelaciones sean electos por medio del sistema de carrera judicial y no que no sean electos por el Congreso de la República. 

En el caso de la CSJ, Impunity Watch considera que se debería renovar por tercios cada cierto tiempo y extender el periodo que permanecen en el cargo, aunque no indicaron por cuánto tiempo.