Como se mostró en este espacio la semana pasada, la certeza jurídica parece una ilusión; el Índice de Estado de Derecho clasifica a Guatemala en posiciones alarmantemente bajas en áreas clave como la ausencia de corrupción; ejecución efectiva de sentencias; inestabilidad normativa y arbitrariedad en la aplicación de la ley. Un panorama en el que ciudadanos y empresas no pueden prever ni confiar en que la justicia resolverá sus conflictos o garantizará sus derechos adquiridos. Problemas sistémicos que en poco o nada mejorarán con la reciente elección de magistrados para las altas cortes del país. El sistema judicial está  profundamente debilitado y capturado por intereses particulares, erosionado el principio de imparcialidad en la justicia, favoreciendo la consolidación del poder en manos de grupúsculos influyentes y debilitando seriamente la certeza jurídica en el país.

El mecanismo de selección existente, que fue creado, supuestamente, para garantizar la transparencia en la selección de magistrados, se ha convertido en un instrumento para los grupos que buscan controlar las instituciones judiciales logren su objetivo. Desde un punto de vista teórico, lo que sucede en Guatemala se ajusta a la noción de captura del regulador; fenómeno que ocurre cuando aquellos que deberían ser regulados logran influir en el proceso de regulación para su propio beneficio. Tal como lo señala  Douglas North, Premio Nobel de Economía, al advertir que las instituciones no siempre se crean para ser socialmente eficaces, sino que a menudo se diseñan para apoyar los intereses de quienes poseen el poder de negociación. Una situación que termina perpetuando un ciclo de corrupción, falta de transparencia y un sistema de justicia disfuncional para la ciudadanía.

El proceso de elección de los jueces a las más altas cortes del país ha generado lo que los teóricos sistémicos llaman un desplazamiento de la carga. En lugar de abordar el problema estructural del sistema judicial, se espera que individuos justos y honorables, con altos estándares académicos, tomen las decisiones correctas. O bien que reformas enfocadas en la gestión, la simplificación de procesos o digitalización logren revertir los problemas estructurales de un sistema que carece de controles efectivos y que está abierto a la manipulación y la corrupción. El Rule of Law o Estado de derecho en Guatemala está en grave peligro, y su futuro dependerá de la capacidad del país para desvincular los procesos de elección judicial de los intereses privados y políticos. Mientras no se logre esta desvinculación, el sistema judicial seguirá siendo vulnerable a la manipulación, debilitando aún más la democracia y los derechos fundamentales y erosionando la confianza pública en las instituciones.

La restauración del Estado de Derecho en Guatemala es un desafío monumental, pero es esencial para asegurar un futuro democrático. Las reformas deben ir más allá de simples cambios en los procesos de postulación y selección de los altos jueces o reformas administrativas, y enfocarse en la creación de mecanismos que limiten la captura de las instituciones. Sin una reforma estructural profunda, el ciclo de corrupción, manipulación y erosión de la justicia continuará, poniendo en riesgo la estabilidad del país y la confianza en sus instituciones.