Ortiz Ruiz, quien firmó la resolución que mantiene en prisión a Hernández, comparte oficina en la Torre Masval con David Francisco Barrera Maldonado, una pieza clave en una red de empresas que evadió más de Q300 millones en impuestos, el caso es conocido como B410.
Barrera ha sido señalado como representante legal de cientos de empresas de fachada involucradas en la red de defraudación tributaria que habría evadido al menos Q300 millones. La oficina fue allanada el 16 de agosto, y en la diligencia se incautaron documentos y equipos electrónicos clave para la investigación.
Un reportaje de Plaza Pública dio a conocer que Ortiz Ruiz fue auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP) y asesor de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Además, fue sentenciado por los delitos de estafa propia, casos especiales de estafa, falsedad material y falsedad ideológica.
A pesar de los señalamientos, recibió el apoyo de 110 diputados que lo eligieron el año pasado para completar la magistratura pasada en las Salas de Apelaciones.
La Sala de Ortiz Ruiz
José Alexander Ortiz Ruiz deja su puesto esta semana, tras no ser incluido en la nómina final para su reelección por la Comisión de Postulación para la Elección de Corte de Apelaciones.
El abogado fungió como comisionado en el actual proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se postuló para ser reelecto.
La magistrada Mirna Elizabeth Caballeros (vocal I de la Sala Tercera Penal, sí resultó reelecta con 116 votos, mientras que Jaime Amilcar González, pasó de ser titular a suplente con 119 votos.
En junio, esta Sala resolvió dejar fuera del juicio del caso Hogar Seguro a Anahí Keller, exsubsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS). También revocó en marzo la falta de mérito en contra de los estudiantes universitarios Sergio Morataya y Heizel Morales, señalados del delito de usurpación agravada por la toma del Paraninfo Universitario.
Hernández, exdiputada del partido Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, fue ligada a proceso por los delitos de financiamiento electoral no registrado y fiscalización irregular de fondos, debido a presuntas irregularidades en el manejo financiero del partido durante las elecciones de 2019. Esto en el caso “Corrupción Semilla”, con el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa al partido oficial de supuesta corrupción.
