La certeza jurídica es esencial para el desarrollo y bienestar de un país, permitiendo que los ciudadanos confíen en las instituciones y autoridades. Aunque el índice del Estado de Derecho, del World Justice Project, no evalúa específicamente el estado de la certeza jurídica dentro de sus mediciones, algunos de sus indicadores arrojan importante luz sobre el estado de la misma en Guatemala, como se verá continuación.  La certeza jurídica se refiere a la capacidad que tienen los ciudadanos de prever cómo se aplicarán las leyes, y sus elementos clave incluyen la claridad y accesibilidad de las normas, estabilidad del marco normativo, aplicación consistente y no arbitraria de las leyes, protección de los derechos adquiridos, independencia e imparcialidad judicial, uniformidad jurisprudencial y cumplimiento efectivo de las leyes.

Según este índice, uno de los principales problemas que enfrenta Guatemala es la corrupción, ocupando el puesto 123 de 142 países en la categoría de “ausencia de corrupción”. Un factor crucial que afecta directamente la certeza jurídica, tal como lo demuestra el hecho en lo que se refiere a que  «los funcionarios gubernamentales en el poder legislativo no usan el cargo público para beneficio privado», el país ocupa el puesto 141 de 142 países. Existe una fuerte percepción que los diputados son fácilmente influenciables por intereses particulares y que utilizan sus cargos para beneficio propio. Que modifican  o crean leyes de manera antojadiza para favorecer los intereses de unos pocos. Situación que compromete seriamente la estabilidad normativa: la ciudadanía y las empresas no pueden confiar en que el marco legal será estable, previsible o justo, afectando la capacidad para planificar a largo plazo. Por si fuera poco, la forma en que funciona y se hacen cumplir el marco regulatorio, en lo que corresponde a que “los procedimientos administrativos se llevan a cabo sin retrasos injustificados” y que “se respetan las garantías procesales en los procedimientos administrativos”, Guatemala ocupa los lugares 135 y 121 respectivamente.

La ejecución efectiva de las leyes y decisiones judiciales es esencial para garantizar la certeza jurídica. Sin embargo, en lo que corresponde a la  “eficacia y puntualidad de la ejecución de las resoluciones y sentencias en materia civil” y que “la justicia civil no está sujeta a retrasos injustificados”, Guatemala ocupa los puestos 139 y 141 respectivamente. No extraña que las leyes pierdan su fuerza y las personas pierdan la confianza en el sistema legal. Tampoco es una sorpresa que Guatemala ocupe el puesto 137 en cuanto a que «las personas no recurren a la violencia para resolver disputas personales». Cuando las personas no confían en el sistema legal para resolver sus conflictos, optan por vías extralegales o violentas y la ley deja de ser vista como el medio adecuado para resolver disputas. Situación que debilita aún más la certeza jurídica, pues las normas no son efectivas para mantener el orden social.

Estos datos muestran algunos de los aspectos en donde más débil se encuentra la noción de la certeza jurídica. La combinación de altos niveles de corrupción, falta de independencia judicial, acceso limitado a la justicia, inestabilidad normativa y falta de cumplimiento de las sentencias crea un entorno en el que la ley deja de ser una garantía y se convierte en una herramienta al servicio de quienes tienen los medios para manipularla. Este panorama se vuelve aún más preocupante al considerar los demás retos que afronta el sistema jurídico del país. Por ejemplo, la reciente elección de la Corte Suprema de Justicia, rodeada de múltiples críticas y acusaciones de todo tipo  hacen que el reto que tienen por delante sea aún más cuesta arriba. Sin embargo, esta situación también presenta una oportunidad histórica para demostrar un compromiso real con la transformación del sistema judicial. Si las nuevas autoridades actúan con integridad y transparencia, enfocándose en erradicar la corrupción y fortalecer la independencia judicial, podrán comenzar a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones.