Durante varios años ha sido una constante la falta de servicios adecuados para acceder a la Torre de Tribunales. Los elevadores han sido una barrera para que muchas personas puedan movilizarse fácilmente y más para quienes tienen capacidades diferentes.

Este problema afecta en demasía a los y las usuarias que diariamente acuden a dicho recinto, pero tiene un impacto significativo en las personas con capacidades diferentes, ya que se ve limitada su movilidad y con ello el acceso a la justicia, y en otros casos el desarrollo social y profesional.

En Guatemala existe la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, en la cual se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Asimismo, dicha Ley crea el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad -CONADI- como un ente coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia de discapacidad. Puede pensarse que este tema no es relevante, pero para quienes acuden en busca de justicia, no solo se enfrentan a los trámites engorrosos para alcanzarla, sino que también con la barrera de la accesibilidad.

¿Ha usted tenido que subir los catorce niveles para poder llegar a alguno de los juzgados en los tribunales?

La semana pasada pudimos observar varios noticieros que informaron acerca de la situación, como lo fueron los hechos en los que dos personas sufrieron complicaciones para poder ingresar a realizar trámites en la Torre de Tribunales.

Una sociedad inclusiva que vela por la accesibilidad de sus instalaciones es un beneficio social; sin embargo, en la Torre de Tribunales no sucede esto. Pareciera que no se tiene la capacidad ni el interés para poder mejorar el acceso a quienes buscan justicia; lo cual se ve reflejado hasta en la forma en que el problema para movilizarse y acceder a los órganos de jurisdiccionales ha sido manejado puesto que las diversas normas y pautas que establecen criterios mínimos de accesibilidad han sido consideradas para dar una solución sostenible.

Rampas, ascensores, puertas automáticas, baños accesibles y superficies antideslizantes son algunos ejemplos de elementos que facilitan el acceso y la movilidad. Cito lo anterior, porque que las instalaciones de un órgano tan importante como lo es la Torre de Tribunales, se está incumpliendo la diversa normativa y políticas públicas para la atención de personas con discapacidad.

La falta de accesibilidad para quienes acuden a sus instalaciones genera graves violaciones a derechos fundamentales, ya que se está limitando la capacidad de acceder de una forma fácil a quienes sufren algún tipo de discapacidad, no contar con elevadores para movilizarse restringe el derecho a defenderse y exigir el cumplimiento de la ley.

Así también, factores como el desconocimiento sobre las necesidades y capacidades de las personas con discapacidad puede generar indiferencia o incluso acciones discriminatorias por parte del personal judicial. Por lo que es urgente que se implementen las reformas necesarias en las instalaciones del Organismo Judicial, en específico la Torre de Tribunales para que puedan irse corrigiendo estas barreras que lamentablemente continúan y se han normalizado.