La PGN apeló esta decisión judicial argumentando que con el cierre de los casos se impide al Estado de ejercer una acción reparadora y defender los intereses de la ciudadanía que fue afectada por los delitos imputados a Sinibaldi Aparicio.
En un comunicado, la PGN reiteró su compromiso de impedir que se violen los derechos e intereses del Estado de Guatemala.
El pasado 26 de abril, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” decretó el sobreseimiento del caso «Construcción y Corrupción» a favor del exministro de Comunicaciones, quien enfrentaba una acusación derivada de una investigación de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La jueza Abelina Cruz Toscano afirmó en su resolución que “no existía la probabilidad de demostrar los hechos planteados en la acusación en un debate oral y público”.
La jueza dictó el sobreseimiento a favor de Sinibaldi por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos en forma continuada, cohecho pasivo en forma continuada y financiamiento electoral ilícito en forma continuada.
Esa fecha, el exministro arremetió ante los medios de comunicación contra el excomisionado de CICIG, Iván Veláquez y contra la exfiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana.
