Jazmín de la Vega, ex Ministra de Comunicaciones, fue sin lugar a dudas, el personaje de la semana. Al escucharla los ciudadanos de a pie, e incluso quienes pretendemos alumbrar los acontecimientos, simplemente nos encontramos como en un espectáculo parecido a la detención y captura de Josef K, el personaje principal de la célebre novela de Kafka El Proceso.
Dicha novela representa la tragedia de quienes buscamos la ley, e incluso la desafiamos, como lo dice el prologuista en el estudio preliminar de la edición Plutón (2015). Y es que la K, se refiere al propio Kafka, quien se siente incomprensiblemente acusado por un tribunal que desconoce, y por una causa nada clara. Toda la novela se arremolina en encontrar quién lo acusa, y por qué causas.
Se trata así, de la vida del hombre, y de la mujer moderna nos dice el prologuista: solitarios, competitivos, superfluos, sin escrúpulos. Y es que en el laberinto de la obra pública se retratan las más bajas pasiones y el pisoteo constante de los aportes de nosotros los contribuyentes. El Estado es la servidumbre de los potentados, su esclava.
Veamos entonces el mar de confusión alrededor nuestro. Detengámonos entonces en el paso a desnivel Petapa de la 53 calle, que es quizás, uno de los más paradigmáticos en este momento. Resulta ser que la oficina de Auditoría de Atención de denuncias de la Contraloría de Cuentas interpuso una querella penal en contra del contratista de la obra, Alejandro Ceballos Sosa –CEBCO– y el encargado de la empresa supervisora, Alfredo Díaz Contreras –NOVARQ-.
Tanto las empresas CEBCO, como NOVARQ, respectivamente, están hoy en entredicho, y la primera ha contratado, para disuadir, al ex vocero del Giammattei, Carlos Sandoval. Mientras tanto, la SEGEPLAN ha concedido recientemente un aval (denominado SNIP) para la continuación de la obra hasta el 2025 por los Q105 millones que hoy solicita la empresa, luego de haber firmado contrato el 21 de julio de 2022 por Q85 millones y 8 meses de construcción. ¿Qué pasa aquí?
Vale indicar que el responsable del proyecto es el Ingeniero Hugo Leonel Contreras García, mientras que su formulador es el Ingeniero Alan Rafael Marroquín Rodas. Ambos, funcionarios de la Unidad Ejecutora Responsable. Es decir, la unidad ejecutora que envió a SEGEPLAN una nueva solicitud de pasaporte, digámoslo así, coloquialmente, para que el proyecto continúe bajo su nuevo monto de Q105 millones hacia el 2025. Tal pasaporte fue aprobado el 19 de mayo recién pasado. A las 7:58 a.m para ser más exactos.
De acuerdo con las hojas técnicas del proyecto, el mismo se diseñó para mejorar la vialidad de los automovilistas de tal región, así como de los municipios de Guatemala, San Miguel Petapa y Villa Nueva. La inversión es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Unidad Ejecutora Fondo Social de Solidaridad, y tiene como propósito mejorar las condiciones del tránsito, en seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PLANID). El PLANID es el plan del partido político VAMOS para 2020-2024.
Nótese que el proyecto en cuestión forma parte de una asignación adicional que se otorga a las municipalidades metropolitanas, para solucionar problemas viales, lo que entra en contradicción con el Artículo 257 de la Constitución que prescribe la prohibición de cualquier asignación adicional al aporte constitucional que ya se otorga. En todo caso, el Fondo Social de Solidaridad que entra en el bolsón de asignaciones que vienen del IVA PAZ, y que constituyen el 42% del Impuesto al Valor Agregado, debe coordinar acciones en toda la república, siendo que estos megaproyectos se llevan la mayor parte, y debieran ser ejecutados con la mayor eficiencia posible.
Incierto queda entonces el panorama institucional y de decisiones de tan sólo este proyecto paradigmático: i) o denunciar y ejecutar la fianza, tema raras veces visto en la historia reciente; ii) sentarse a negociar con la empresa, que de seguro no dará su brazo a torcer en la mira hasta el 2025, ya con Q105 millones asegurados.
El marasmo legal que se crea en el ambiente de las contrataciones públicas es apabullante. Por ejemplo, en la revisión de los portales de transparencia se observan las simples actas notariales, firmadas con el respaldo de la firma supervisora, de la cesación temporal de actividades debida, según el contratista, a inseguridad en el área, acecho de mareros y robo de equipo.
Las fianzas fueron contratadas con la aseguradora FIDELIS. Existe una de cumplimiento y certificación de autenticidad, del 10% del contrato para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones del mismo. La garantía cubre, con 10% de su valor, el pago de salarios y prestaciones laborales, dado que los trabajadores deben contar con seguro social (IGSS), y con el 90% restante el cumplimiento del contrato de acuerdo a las especificaciones, planos y demás documentos contractuales, así como la ejecución de la obra en el tiempo estipulado. La fianza debe estar vigente hasta que el Fondo de Solidaridad reciba, a su entera satisfacción el proyecto.
En caso de ejecutar una fianza, la ley actual plantea todo un ritual de audiencias y comunicación entre el Ministerio y la afianzadora, que de seguro desplegará su alta plana de abogados, muy bien pagados y encopetados por cierto, para no pagar ni un centavo de la misma, siendo que en la vida institucional democrática hay muy pocos casos al respecto del resarcimiento de daños al Estado. Vale indicar que hay otros rituales afianzadores, tal es el caso de la fianza del 15% como requisito previo a la recepción de la obra, y está vigente 18 meses después.
Adicionalmente, lo que pareciera ser otra vía, tanto para este paso a desnivel, como el de la calzada Roosevelt, a cargo de la misma empresa, es sentarse a «conciliar«. Así se le llama en el argot jurídico chapín la negociación entre partes, que demanda, a todas luces un equipo legal y técnico de primer orden al interior del Fondo de Solidaridad y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Estamos entonces en un complejo y surrealista laberinto kafkiano en estos escenarios legalistas y burocráticos, intentando explicar esas grises organizaciones, que encierran, en su oscuridad, mecanismos escondidos que nos desgarran, e intentamos en algunos momentos de ánimo reconfigurar bajo lo que suele denominarse «La Reforma del Estado«. Todo esto acontece frente a nosotros hoy, sin saber claramente los entresijos de estas sociedades monásticas y cuasisecretas, de tecnócratas ingenieriles y prestanombres; buscando el dinero y la ganancia rápida, con trabajos mediocres y con sobornos.
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