Los abogados Edgar Ortiz, Gregorio Saavedra y Luis Bermejo presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una inconstitucionalidad contra el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, criticada por por permitir el arrastre de fondos no ejecutados por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).