El presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, supervisaron este lunes uno de los proyectos adjudicados mediante el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, mecanismo que fue objeto de una investigación publicada por eP Investiga sobre la asignación de más de Q1 mil 286 millones a constructoras vinculadas a empresarios señalados en distintos casos de corrupción.