El reciente caso de corrupción centrado, por el momento, en la figura de Melvin Quijivix, quien durante la administración pasada fue uno de los alfiles de las redes de corrupción gestadas por el “binomio presidencial”, repasa los mecanismos (algunos probablemente) utilizados para el vil asalto público cometido en esos cuatro años de desmanes, aparentemente mayores a los sucedidos en los períodos previos.
Pero no perdamos el norte. El “personaje” en cuestión, aunque evidentemente saboreó las mieles de los múltiples actos de sustracción cometidos contra el erario público, no representa el engranaje principal. Por lo tanto, si bien por el momento los focos se centran en los múltiples ilícitos cometidos por este, los hilos deberían llevar hasta el despacho presidencial donde se encontraba el principal autor intelectual de ese y otros innumerables actos atroces cometidos, como parte del festín.
El INDE, como otras instituciones, han sido desmanteladas para que, en lugar de ocuparse de sus competencias, sirvan como almacenes de fechorías. Por lo tanto, llama la atención que precisamente en esta coyuntura, el Congreso haya aprobado el pasado martes 12 un préstamo de US$120 millones para la electrificación rural; operación que por su naturaleza implementará esa institución durante los próximos cinco años.
Como sucede en la lógica de actuación de las redes criminales, nada sucede en aislado. Por lo tanto, es necesario que, así como se descubrió que dependencias como Segeplan se usaron como plataforma para penetrar en el INDE, otras instancias de han hecho de la vista gorda; las cuales precisamente por pasar desapercibidas a los ojos de la mayoría de los ciudadanos, pudieron/puedan prestarse a manejos cuestionables; tal es el caso de la CNEE (Comisión Nacional de Energía Eléctrica) y el AMM (Administrador del Mercado Mayorista).
El MP se hará de la vista gorda de este y la percha de denuncias presentadas por el actual gobierno y otros actores. Nada se espera del “órgano investigador”. Es claro que sus intereses y lealtades van en sentido contrario a su mandato. Valdría la pena que semana tras semana se depositan al frente de esa “institución” las cajas de expedientes que, en un sistema de justicia mínimamente serio, se esperaría que ellos procesaran. Seguramente el barrio Gerona se inundaría, en pocos días, de las perchas de documentos.
Mientras tanto, lo que si es posible hacer, y de hecho los pocos medios de investigación periodística llevan a cabo contra corriente, consiste en poner al desnudo la podredumbre en la cual nos encontramos. Las redes de corrupción están libres y campantes; transitan con total impunidad y a la espera que los vientos soplen en su favor con mayor fuerza. Para ello, muchos de sus integrantes, voceros y operadores se congratulan de los cambios en la administración de EE.UU. Creen, con algo de verdad, que la llegada de Trump y compañía les redituará más beneficios, y de paso, termine de quitar del camino los pocos obstáculos presentes.
Aunque el expediente Guatemala no se encuentre en la oficina Oval, los creadores de huracanes están prestos y dispuestos a reiniciar (o más bien continuar) el festín (mezcla de desborde y cacería). Es probable que, por estos lares, a partir de enero 2025, se alborote más el hormiguero.
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