Tres sacerdotes,
una guerra interna en Guatemala
y una sentencia en Bélgica

Las familias de Walter Voordeckers, Ward Capiau y Serge Berten, tres sacerdotes de origen belga, esperaron cuatro décadas para recibir respuestas a su petición de justicia luego del secuestro, asesinato y tortura de los misioneros a manos del Ejército durante el conflicto armado interno.

Las tres víctimas llegaron al territorio guatemalteco durante los años ochenta y su trabajo en acompañamiento de la comunidad los llevó a ser un blanco del gobierno de Romeo Lucas García.

Los señalados por este caso no son desconocidos para la justicia guatemalteca:

Aníbal Guevara, exministro de la Defensa; Donaldo Álvarez Ruiz, exministro de Gobernación; Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Callejas y Callejas, general retirado; y Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la desaparecida Policía Nacional también han sido vinculados a procesos judiciales en el país por crímenes de guerra.

Los exfuncionarios y militares retirados fueron sentenciados a cadena perpetua en un Tribunal Penal de Lovaina, Bélgica el 14 de diciembre de 2023 por delitos de tortura, desaparición forzada y homicidio, también por el secuestro y tortura del misionero Paul Schildermans, quien fue liberado posteriormente.

La investigación del caso de forma legal inició hace 23 años, cuando las familias de los misioneros que no recibían respuestas a su petición de justicia decidieron actuar y presentaron una denuncia el 25 de enero de 2001 ante el fiscal B. Bulthé, en Bélgica.

Esta denuncia llevó a que la fiscalía iniciara un largo camino de recolección de información documental, entrevista a testigos, consulta a expertos y peticiones de información sobre los hechos a los gobiernos o a la iglesia católica de Guatemala.

Pero la lucha por conseguir justicia no inició hace más de 20 años, lleva más tiempo.

Luego de las muertes de los misioneros se organizó un comité de la familia de Serge Baten y, junto con integrantes de la congregación Inmaculado Corazón de María y las familias de Walter Voordeckers y Ward Capiau, viajaron a Guatemala en 1997 para recolectar información sobre lo que les pasó. Al acercarse a las instituciones de gobierno guatemalteco no recibieron respuesta, por lo que solicitaron apoyo de la universidad KU Leuven, de Bélgica, para plantear la denuncia penal, ya que se dedican a la investigación.

Las familias notaron que este proceso sería largo, por lo que se asociaron como una organización llamada Guatebelga, fundada en 2002, desde la cual dieron el seguimiento legal, pero también informaban sobre el proceso.

Uno de los aspectos que notaron que era fundamental fue la traducción de la información al español, para que así las personas en Guatemala y otros países tuvieran el acceso a los avances del proceso penal.

La denuncia y proceso judicial se fundamentó por la Ley del estatuto belga sobre Jurisdicción Universal para Crímenes Internacionales, la cual refiere que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y se deben atender cuando se cometen en contra de personas originarias de Bélgica, aunque los hechos fueran cometidos en otros países.

Las investigaciones que iniciaron las familias, y que continuó la fiscalía, llevaron a distintos puntos de Guatemala, donde se cometieron los crímenes. Por ejemplo, Walter Voordeckers fue asesinado el 12 de mayo de 1980 frente a la parroquia de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, la fiscalía recabó información en el lugar.

Fueron 11 días de audiencias en las que la fiscalía presentó testigos para respaldar este proceso judicial, pero fueron varios factores los que no permitieron que los victimarios y algunos testigos estuvieran presentes en el debate. Uno de estos fue la avanzada edad de las personas, quienes superan los 80 años, otro factor fue que algunos testigos aún temen por su seguridad, por lo tanto decidieron realizar el interrogatorio por videoconferencia.

En este proceso judicial también figuraron como parte de los acusados el expresidente Fernando Romeo Lucas García, René Méndoz Palomo y Germán Chupina Barahona, exdirector de la Policía Nacional, pero los tres fallecieron y la persecución penal contra ellos concluyó.

En el juicio declaró Rafael González, subcoordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), quien mencionó que fue testigo del crimen cometido en contra de los sacerdotes porque a él también lo secuestraron y torturaron.

Su testimonio se basó en explicar la forma en que las fuerzas militares operaban con impunidad para eliminar a las personas que representaban riesgo de un “levantamiento campesino” que afectara los intereses de los empresarios en la región.

El jurista alemán Christian Tomuschat fue delegado de Naciones Unidas para participar en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en Guatemala y fue uno de los testigos propuestos para este caso en el que abordó el contexto que vivía políticamente el país que llevó a que los integrantes del ejército asesinaran a los misioneros belgas.

“La base fue que el gobierno no veía a los indígenas como la población real y no había representación de ellos en el gobierno”, explicó ante el jurado. Agregó que la colaboración del gobierno guatemalteco fue difícil y negaba que existieran informes sobre lo sucedido durante los años de guerra interna.

El abogado dijo que el crimen contra Voordeckers es un ejemplo de lo que sucedía en Guatemala durante el conflicto armado interno: una persona que defendía los derechos de personas trabajadoras, pueblos originarios y buscaba la justicia social iba a enfrentar la persecución porque sus pensamientos y acciones eran consideradas subversivas.

Contó que durante su trabajo de investigación en el país se comprobó que la iglesia católica, principalmente los integrantes de ella que tenían mensajes disidentes, eran tomados por el gobierno como enemigos, lo cual vulneró la seguridad de los misioneros.

Otra de las testigos del caso fue Iduvina Hernández, defensora de derechos humanos en Guatemala, quien relató que la doctrina de seguridad nacional tenía dos ejes fundamentales: realizar acciones en contra de los movimientos insurgentes en el Ejército y la construcción de un enemigo interno contra el cual se debía actuar.

“Cualquiera que alzara la voz para defender los derechos humanos era considerado como enemigo interno”, dijo. Agregó que a finales de los años ochenta, la política que se utilizaba era reprimir cualquier actividad insurgente, pero en lugar de denunciar a las personas ante los órganos legales, se crearon otros mecanismos como grupos policiales y militares extraoficiales que arrestaban, secuestraban y asesinaban a quienes identificaban como enemigos.

“A menudo llevaban a las personas a instalaciones policiales sin hacer registros y eran torturados. En ocasiones los llevaban a una instalación militar o los mataban los propios policías que también desaparecían los cadáveres”, relató Hernández.

Hernández también comentó sobre el papel de los grupos militares que estaban a cargo de alguno de los sindicados. Según su testimonio el G2 fue responsable de los secuestros, torturas, violaciones y asesinatos. Estos grupos eran llamados escuadrones de la muerte, los cuales estaban conformados por militares y policías que atendían órdenes para asesinar, secuestrar y torturar.

Informes de las organizaciones defensoras de derechos humanos detallan que Barten fue uno de los fundadores del Comité de Unidad Campesina (CUC) y también se unió al EGP, que era uno de los grupos de guerrilla en el país.

Tres de los sacerdotes que fueron víctimas del Ejército se unieron a las filas del CUC en Escuintla. Según Daniel Pascual, dirigente de esa organización, este movimiento nació porque las personas que trabajaban en ingenios azucareros y fincas denunciaron condiciones precarias para trabajar. La falta de pago y el salario ínfimo ante jornadas extensas de trabajo fueron los detonantes para decidir agruparse.

Para Pascual es difícil recordar una cifra de personas que fueron criminalizadas después de hacer estas denuncias, porque fue una constante desde entonces.

Desde su formación, la agrupación logró el aumento salarial después de una manifestación en 1980, que duró ocho días de paro laboral. El salario era de Q1.12 y lo aumentaron a Q3.20. Los sacerdotes participaban en estas acciones como apoyo a las comunidades y por lo tanto también fueron vistos como enemigos del Estado.

Elmer Toj es historiador y durante más de 30 años ha sido parte de organizaciones de defensa de territorio y derechos humanos en el occidente de Guatemala. Explicó que en la región suroccidente del país fue recurrente la intervención violenta militar “para ocupar espacios que en el futuro fueron tomados principalmente por empresarios azucareros”.

Las fincas de sembradíos de caña de azúcar iban en incremento en la región y por lo tanto requerían de más personal, en su mayoría eran mujeres y jóvenes quienes trabajaban en condiciones de vulneración a sus derechos.

Toj señala que la intervención del Estado en este tema fue estar del lado de los empresarios y usar a las fuerzas armadas en contra de la población que se opusiera a las condiciones que ellos ponían.

“Pero las personas no son tontas, sabían que el salario era bajo, no tenían una vida digna y además se apoderaban de sus tierras, fue por eso que manifestaron y alzaron la voz. El país está lleno de mártires, pero son miles de desconocidos que no alcanzaron a ser casos de alto impacto”, explica el historiador.

Se pidió una postura de la Asociación de Azucareros de Guatemala por medio de un correo electrónico y llamadas telefónicas, respondieron que no tenían información del caso, por lo tanto no podrían ofrecer comentarios o valoraciones al respecto.

La fiscalía de Bélgica logró acreditar que los cinco acusados, líderes del aparato político y militar de Guatemala en la década de 1980, eran autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de lo Penal condenó a todos a cadena perpetua por los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada. Además, se ordenó su arresto inmediato. También les condenó al pago de las costas judiciales.

Con respecto al secuestro y asesinato de Serge Berten, de quien no encontraron su cuerpo, no se acreditó el crimen a los acusados y fueron absueltos.

Callejas y Callejas fue absuelto del homicidio de Walter Voordeckers porque no se pudo demostrar que se encontraba en el cargo en ese momento.

La sentencia indicó que los crímenes contra de los misioneros belgas fueron cometidos en el “marco de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil que asolaba a todo el país en esa época”.

Para la abogada especializada en derechos humanos, Clarissa Santizo, la sentencia es un evento simbólico para las familias ante la falta de presencia de los acusados en el juicio y para purgar la sentencia.

Añade que este tipo de intervenciones de otros países son necesarias para demostrar hechos que en Guatemala muchas veces se ocultan o no se juzgan.

No es la primera vez que ocurren este tipo de casos, también sucedió con Erwin Sperissen, exjefe de la Policía Nacional Civil, quien fue juzgado en Suiza por ejecuciones extrajudiciales cometidas en Guatemala y fue condenado a cadena perpetua en 2014. Posteriormente, en 2017, el tribunal federal suizo anuló la sentencia y en 2018 fue condenado a 15 años y el año pasado le fue suspendida la pena y recuperó su libertad.

La abogada considera que el caso por la muerte de los sacerdotes belgas no es vinculante legalmente en Guatemala y no representará nada más que un acto simbólico de que fueron hallados culpables de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Agrega que ve lejano que se alcance justicia en Guatemala por las mismas violaciones a los derechos humanos contra guatemaltecos.

Para el abogado guatemalteco Eddy Herrara, quien ha defendido a militares en casos sobre la guerra interna, este proceso judicial sería totalmente ilegal si se fundamenta en las leyes de este país.

“Según las leyes guatemaltecas, la defensa es personalísima y debe ser enfrentada de manera personal, ni siquiera por un mandatario o abogado representante”, dijo.

El abogado agregó que el gobierno de Bélgica tuvo que tomar en cuenta este aspecto para evitar vulnerar los derechos de los acusados porque si no están presentes y tampoco representados, no tiene validez la resolución y subraya que una de las vías de impugnación que pueden presentar los militares y exfuncionarios es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sus casos.

Para Guatebelga, las familias de los sacerdotes y sus abogados la condena a cadena perpetua contra los militares guatemaltecos es un precedente histórico por los crímenes cometidos en contra de la población civil en el país durante una guerra que protegió por décadas a los perpetradores.

A Carlos Colson, sobrino de Walter Voordeckers, le impactó que aún existan víctimas de este conflicto armado que no tienen justicia en Guatemala y que la justicia belga reaccionó a favor de ellos. Condenó que los gobiernos protejan a quienes cometen estos crímenes.

Las hermanas de Serge Barten lamentaron que no lograran que los acusados recibieran también la sentencia por su muerte. “Ha habido una condena por casi todos los cargos pero para Serge solo la de la privación de su libertad, no el asesinato. Eso es porque nunca se encontró ningún cuerpo y no pueden probar el asesinato”, indicaron.

También la familia de Ward Capiau estuvo presente en el juicio e indicaron estar satisfechos con la decisión del Tribunal. “Nos sentimos aliviados y nuestros pensamientos están con los muchos hombres y mujeres valientes que dieron sus vidas por una Guatemala justa”, dijo Johan Capiau, hermano del misionero.

Según el equipo legal de las familias de las víctimas, el siguiente paso que debería tener este proceso es que el gobierno belga solicite la extradición de los acusados, quienes tendrían que cumplir su condena en este país, pero la ley guatemalteca dicta que en este tipo de casos, pueden ser trasladados a otra nación para cumplir una pena, hasta solventar su situación jurídica en Guatemala.

Para Guatebelga, las familias de los sacerdotes y sus abogados la condena a cadena perpetua contra los militares guatemaltecos es un precedente histórico por los crímenes cometidos en contra de la población civil en el país durante una guerra que protegió por décadas a los perpetradores.

A Carlos Colson, sobrino de Walter Voordeckers, le impactó que aún existan víctimas de este conflicto armado que no tienen justicia en Guatemala y que la justicia belga reaccionó a favor de ellos. Condenó que los gobiernos protejan a quienes cometen estos crímenes.

Las hermanas de Serge Barten lamentaron que no lograran que los acusados recibieran también la sentencia por su muerte. “Ha habido una condena por casi todos los cargos pero para Serge solo la de la privación de su libertad, no el asesinato. Eso es porque nunca se encontró ningún cuerpo y no pueden probar el asesinato”, indicaron.

También la familia de Ward Capiau estuvo presente en el juicio e indicaron estar satisfechos con la decisión del Tribunal. “Nos sentimos aliviados y nuestros pensamientos están con los muchos hombres y mujeres valientes que dieron sus vidas por una Guatemala justa”, dijo Johan Capiau, hermano del misionero.

Según el equipo legal de las familias de las víctimas, el siguiente paso que debería tener este proceso es que el gobierno belga solicite la extradición de los acusados, quienes tendrían que cumplir su condena en este país, pero la ley guatemalteca dicta que en este tipo de casos, pueden ser trasladados a otra nación para cumplir una pena, hasta solventar su situación jurídica en Guatemala.

Para Guatebelga, las familias de los sacerdotes y sus abogados la condena a cadena perpetua contra los militares guatemaltecos es un precedente histórico por los crímenes cometidos en contra de la población civil en el país durante una guerra que protegió por décadas a los perpetradores.

A Carlos Colson, sobrino de Walter Voordeckers, le impactó que aún existan víctimas de este conflicto armado que no tienen justicia en Guatemala y que la justicia belga reaccionó a favor de ellos. Condenó que los gobiernos protejan a quienes cometen estos crímenes.

Las hermanas de Serge Barten lamentaron que no lograran que los acusados recibieran también la sentencia por su muerte. “Ha habido una condena por casi todos los cargos pero para Serge solo la de la privación de su libertad, no el asesinato. Eso es porque nunca se encontró ningún cuerpo y no pueden probar el asesinato”, indicaron.

También la familia de Ward Capiau estuvo presente en el juicio e indicaron estar satisfechos con la decisión del Tribunal. “Nos sentimos aliviados y nuestros pensamientos están con los muchos hombres y mujeres valientes que dieron sus vidas por una Guatemala justa”, dijo Johan Capiau, hermano del misionero.

Según el equipo legal de las familias de las víctimas, el siguiente paso que debería tener este proceso es que el gobierno belga solicite la extradición de los acusados, quienes tendrían que cumplir su condena en este país, pero la ley guatemalteca dicta que en este tipo de casos, pueden ser trasladados a otra nación para cumplir una pena, hasta solventar su situación jurídica en Guatemala.

A pesar de que se ordenó la captura inmediata de los sindicados, Aníbal Guevara, exministro de la Defensa y Donaldo Álvarez Ruiz, exministro de Gobernación, permanecen prófugos de la justicia guatemalteca.

El exjefe policial Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de prisión por el caso de la quema de la Embajada de España y se mantiene cumpliendo la condena.

Mientras que Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Callejas y Callejas fueron beneficiados con arresto domiciliario por las cortes guatemaltecas por su avanzada edad y por estar enfermos. Ambos fueron condenados a 58 y 33 años de prisión por los crímenes cometidos en contra de Emma Molina Theissen y el secuestro y desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen.

Estas circunstancias hacen poco probable que sean extraditados a Bélgica y cumplan la condena que fue dictada por la justicia internacional.