El recién nombrado secretario de Comunicación de la Presidencia está en la mira del Ministerio Público (MP) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Una acción de inconstitucionalidad pretende eliminar la inmunidad de su cargo para que pueda ser objeto de investigación penal. Este recurso fue planteado por un abogado que quiso frenar la segunda vuelta electoral de 2023.