En los últimos cuatro años, instituciones públicas en Guatemala adjudicaron al menos Q69 millones en servicios relacionados con Inteligencia Artificial para videovigilancia, la mayoría por municipalidades y casi siempre por compra directa, sin licitación pública. Algunas fueron a parar a empresas cuestionadas. Aunque su propósito es la seguridad ciudadana, esta tecnología —que en varios casos incluye reconocimiento facial— también implica riesgos para la privacidad y el derecho a la protesta, sobre todo en un país como Guatemala, que carece de ley de protección de datos personales.